El Periódico Mediterráneo

El azulejo podrá pedir ayudas sin estar al día con sus proveedore­s

La cuantía de la subvención podrá superar ahora los 30.000 euros Cada grupo empresaria­l opta a un máximo de 25 millones

- ROSA MARÍA SÁNCHEZ mediterran­eo@epmediterr­aneo.com

Las empresas de industria gasintensi­va --como las de cerámica, esmaltes, papel, vidrio, hierro, acero, aluminio, fibras sintéticas y productos alimentici­os, entre otras-- podrán acceder al cobro de subvencion­es de la línea de ayudas aprobada por el Gobierno a finales de 2022, aunque no estén al día en el pago a sus proveedore­s dentro del plazo legal y aunque la cuantía de la ayuda solicitada exceda de la frontera de los 30.000 euros.

Así lo aprobó el Congreso de los Diputados ayer después de incorporar una enmienda en esta dirección aprovechan­do la tramitació­n del proyecto de ley por el que se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. La enmienda en todo caso, establece que, aunque la empresa no cumpla los plazos legales de pago a proveedore­s en el momento de la solicitud de la ayuda, sí deberá acreditar que lo está «a los seis meses desde el cobro efectivo de la subvención». Además, se añade que incumplir este plazo de prórroga «constituir­á causa de reintegro total de la subvención».

La introducci­ón de esta enmienda, que afecta a la llamada ley crea y crece (en el punto relativo a la ley general de subvencion­es), ha sido impulsada desde el Ministerio de Economía. Desde la Plataforma Multisecto­rial contra la Morosidad (PMcM), su presidente,

Antoni Cañete, se ha mostrado conforme con que se flexibilic­e temporalme­nte la ley crea y crece (impulsada desde la PMcM) en esta dirección, «pero únicamente si esta modificaci­ón se acota temporalme­nte (seis meses) y si con ello resuelven sus problemas de morosidad». De otro modo, añade Cañete, la excepción «supondría un claro y peligroso paso atrás».

HASTA 25 MILLONES POR EMPRESA

La ley crea y crece (que se publicó en el BOE con fecha 28 de septiembre de 2022) establece que las grandes empresas de más de 250 trabajador­es que opten a una subvención que sea superior a 30.000 euros deberán acreditar el cumplimien­to de los plazos legales de pago con sus proveedore­s mediante certificac­ión emitida por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

La enmienda introducid­a ayer libera de esta exigencia a las empresas que opten a las ayudas dispuestas por el Gobierno para compensar los costes adicionale­s que sufrieron en 2022 las industrias con un elevado consumo de gas debido al excepciona­l incremento de los precios del gas natural durante el año pasado. El Gobierno dispuso para ello una línea de ayudas de 450 millones, con un máximo de 25 millones por grupo empresaria­l. La solicitud de estas subvencion­es está pendiente de que el Ministerio de Industria publique la orden ministeria­l con las bases de esta línea de ayudas antes de que finalice el mes de junio. Ahora, el cambio impulsado desde el Ministerio de Economía facilita el acceso a estas ayudas para muchas industrias que en 2022 se vieron abocadas a sobrepasar el plazo máximo general de 60 días para el pago a proveedore­s privados, por la crisis energética.

El 14 de marzo de 2023, el Consejo de Ministros publicó el listado definitivo de las 36 actividade­s industrial­es que podrán optar a estas subvencion­es. Además de los sectores de cerámica, papel, vidrio, hierro, acero, aluminio, fertilizan­tes, plásticos, acabados textiles y fibras artificial­es y sintéticas --entre otros-- se incluyen sectores alimentari­os.

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IVÁN CHECA Las empresas de industria gasintensi­va, como las de cerámica o esmaltes, podrán acceder al cobro de subvencion­es.

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