El Gobierno ofrece 2.190 millones para aliviar los efectos de la sequía
El plan prevé una partida de 636 millones en ayudas a ganaderos, agricultores y apicultores Agricultura destina 53 millones a la devolución de parte del IBI a las explotaciones agrícolas
Si el alza de precios de los fertilizantes y la escalada del coste de energía ya habían causado estragos en el sector primario de España, la sequía que se ha producido esta primavera le ha dado la puntilla a la agricultura y la ganadería. Las cosechas de trigos y cebadas de Andalucía, Extremadura, CastillaLa Mancha, Murcia, Aragón, Madrid, Cataluña y Castilla y León se dan ya prácticamente por perdidas. Ante esta dramática situación, el Gobierno ha decidido poner sobre la mesa un plan en forma de real decreto dotado de 2.190 millones para aliviar la situación del campo, de los que hasta 636 millones se canalizarán en ayudas directas para agricultores, ganaderos y apicultores, según se han anunciado este jueves en la rueda de prensa posterior a la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario.
El periodo de sequía que atraviesa España no es transitorio, puesto que las previsiones indican que las lluvias no llegarán hasta el mes de septiembre. Por ello, el Ministerio de Agricultura destinará 784 millones al sector primario, de los 636 llegarán a agricultores, ganaderos y apicultores en forma de ayudas directas.
Luis Planas, ministro de Agricultura, también señaló que se destinarán 53 millones a la devolución de una parte del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a las explotaciones agrícolas. El real decreto también contempla 40,5 millones para contratar seguros agrarios y aplazar las cuotas sociales durante cinco meses para más de 730.000 trabajadores.
Agroseguro, la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, calculó el miércoles que las indemnizaciones por los daños que ha causado la actual sequía ya suponen 300 millones de euros. Se trata, según el organismo, del «mayor siniestro en la historia del seguro agrario». El Ejecutivo también permitirá reducir las peonadas para poder cobrar el subsidio por desempleo agrario: solo serán necesarias diez. Las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) estarán exentas de la retención de IRPF.
El Ministerio de Transición
Ecológica aportará hasta 1.400 millones para aumentar la disponibilidad de agua. Entre las iniciativas recogidas en la norma se incluye la construcción de una desalinizadora en Tordera (Barcelona) que costará 220 millones.
También se declaran de interés general otras actuaciones en la costa mediterránea, con desalinizadoras en Málaga y Almería por un valor de 200 millones de euros, así como la intensificación de la reutilización del agua en Alican
te, con una inversión de 224 millones. Al mismo tiempo, el Gobierno ha autorizado a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar nuevas plantas de este tipo, que estarán alimentadas por parques solares fotovoltaicos, una iniciativa que cuenta con una dotación económica de 600 millones.
La reserva hídrica española está ahora mismo al 48,9% de su capacidad total, uno de los niveles más bajos desde 1995, pero la situación puede ser mucho peor después del verano. De momento, el Gobierno garantiza el abastecimiento hasta septiembre y confía en los modelos predictivos que anticipan que lloverá en agosto.
Las ayudas que plantea el Ejecutivo en este caso no tendrán la misma distribución territorial. Cataluña, junto a Andalucía, es la autonomía más castigada por la escasez de agua durante los últimos tiempos, después del abril más seco en toda España desde 1961 (año en el que comenzaron los registros): solo llovió el 22% de
los valores normales en ese mes.
Ante una situación tan dramática, que puede hacer que muchos agricultores decidan no cultivar, algo que elevaría todavía más los alcistas precios de los alimentos, el Gobierno, a solo un día del inicio de la campaña de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo y entre acusaciones de «electoralismo» que lanzó el PP, decidió mover ficha.
El real decreto, que en el plano laboral prohíbe los trabajos al aire libre cuando se declare alerta naranja o roja por calor extremo, también impulsa la reutilización de las aguas urbanas, con el objetivo de que en 2027 llegue a representar el 20% de los recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones, el doble que ahora.
ACUÍFEROS Y TRASVASES Además, Ribera explicó otras actuaciones diseñadas por su departamento que incluyen la reducción de los cánones y las tarifas de las explotaciones agrarias afectadas, así como un precio fijo para el agua desalada para que los agricultores puedan utilizarla a un precio asequible.
Entre las medidas aprobadas, destacó el trasvase de tres hectómetros cúbicos del Tinto y el Odiel para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana, en particular en el entorno de Matalascañas.
Para la ministra, este paquete de medidas llega para actualizar las «reflexiones» que han motivado el trabajo del Gobierno en estos cinco años para una España acostumbrada a periodos de sequía pero que está sufriéndolas con una incidencia «mucho mayor» y con efectos que hay que afrontar con toda la capacidad técnica que España ha ido desarrollando en estos años desde la declaración de emergencia climática.
La vicepresidenta mencionó a «algunos» que piden un «pacto nacional del agua» y les recordó que «ese pacto existe y se llaman planes hidrológicos del agua, en los que se ha trabajado durante los últimos cuatro años y que orientarán las decisiones en materia de agua para estar preparados para esos escenarios.
La estrategia incluye plantas desalinizadoras en las provincias de Málaga, Almería y Barcelona