Malestar en la finca okupa de la UJI al quitar la Generalitat al vigilante
Rompen las cámaras de seguridad y aumentan la suciedad y los problemas de convivencia vecinal Vivienda contrata ahora un servicio de mediación comunitaria que los vecinos tildan de «insultante»
Malestar in crescendo en el número 15 de la calle Joaquín García Girona de Castelló, en el edificio propiedad de la Generalitat valenciana y destinado a alquileres sociales, donde existen graves problemas de convivencia vecinal a causa de la presencia de okupas en casi una decena de pisos. Como viene publicando Mediterráneo desde hace un año y medio, la suciedad y los desperfectos abundan en el edificio, una situación que desespera a los inquilinos legales y ha motivado numerosas quejas al Evah (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl), dependiente de la Conselleria d’Habitatge que dirige Héctor Illueca.
Vecinos afectados por el clima de hostilidad, amenazas, daños en mobiliario comunitario y acumulación de basura en zonas comunes se muestran, además, «indignados» con el hecho de que la Generalitat haya prescindido de los servicios del vigilante que el año pasado fue subcontratado para poner coto a los okupas. Concretamente, como señalaron entonces desde la secretaría autonómica, el objetivo era «poner fin a los comportamientos incívicos y que en las viviendas okupadas haya una intervención social y judicial para que el resto de los residentes puedan vivir tranquilos».
Sin embargo, los residentes se han visto sorprendidos en los últimos días por la noticia de la finalización del contrato del vigilante y la implantación de un servicio de mediación comunitaria que consideran «insultante». «Lo primero que hicieron los okupas fue romper las cámaras de seguridad en cuanto el vigilante se marchó. Hay también daños en buzones y manecillas de puertas, además de un clima de insalubridad por el abandono de bolsas de basura en rellanos y portales», afirman.
Los residentes en el número 15 de García Girona se sienten «abandonados» y critican que «ni siquiera estando el vigilante de seguridad pudieron impedirse nuevas okupaciones». Recuerdan que los intrusos accedieron a una vivienda que estaba tapiada y que la policía no pudo echar a los okupas.
Por todo ello, exigen medidas que estén al nivel de los problemas de convivencia e insalubridad que padecen en un edificio, recuerdan, que es responsabilidad de la Generalitat.