Junqueras acata su cese por el 155
El candidato de ERC acata su destitución y pide a la jueza la libertad para poder hacer campaña El exvicepresidente arguye en su recurso que el Gobierno catalán no ha opuesto resistencia a su cese
Uno a uno todos los exconsejeros en prisión han formalizado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sus respectivos recursos para tratar de recobrar la libertad. Los escritos se dividen en dos grupos: los de los consejeros del PDECat y los de ERC. Mientras los primeros acatan explícitamente el artículo 155 de la Constitución, a los segundos les cuesta más. El caso más sintomático es el del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, quien rehúsa decir expresamente que acata el 155, pero lo hace en la práctica al exponer que cuando compareció ante la jueza Carmen Lamela ya lo hizo como «exconsejero» y con el Parlament disuelto.
Teniendo muy presente lo ocurrido en el Tribunal Supremo con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y demás miembros de la Mesa, que quedaron en libertad tras abonar las correspondientes fianzas, los exconsejeros tratan ahora de plantear ante la Audiencia Nacional argumentos similares para tratar de ser excarcelados. En el alto tribunal todos expresaron su acatamiento al 155, varios llegaron a renunciar a las vías unilaterales y, por ejemplo, Forcadell se centró en explicar el carácter «simbólico y jurídico» de la declaración unilateral de independencia, negándole validez jurídica. Mientras, los
exconsellers, con la única excepción de Santi Vila, se limitaron a contestar a un par de preguntas de sus abogados.
Junqueras, en su caso, se remitió a la documentación de la Intervención General para negar que se hubieran empleado en el referéndum ilegal los 6,2 millones de euros, que se les reclama como fianza de responsabilidad civil, así como haber participado en cualquier acto violento. «Violencia, nunca, jamás, por muchas razones. Soy creyente. Mis convicciones me alejan y me impiden cualquier acto violento de cualquier forma», señaló ante la magistrada según los audios de la declaración.
También lamenta el poco tiempo que había tenido para elaborar su defensa al ser festivo el 1 de noviembre y tener que «preparar el viaje a Madrid» para responder al día siguiente a la acusación de rebelión, sedición y malversación presentada contra él y los otros 13 exmiembros del Govern por la fiscalía, aunque el expresidente Carles Puigdemont y otros cuatro consejeros se habían fugado a Bélgica. En su recurso, Joaquim Forn precisamente niega el riesgo de fuga señalando
que él fue de Bruselas a Madrid al ser citado.
Junqueras resalta en su escrito que tanto él como sus compañeros de Gabinete comparecieron ante Lamela «ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno». Añade que «tras la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlamento con el objetivo, que (él mismo) comparte de participación en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España».
Y niega la reiteración delictiva dado que el Govern «no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre», lo que en la práctica supone acatar el 155.
EVENTUALMENTE CANDIDATO La / impugnación, que habla del «valor estrictamente político» de la declaración de independencia, presenta a Junqueras como «representante político, líder político y eventualmente candidato en las próximas elecciones» y lamenta «el daño reputacional» que la prisión puede suponer para alguien así «en situación preelectoral». En este sentido, insiste en que los investigados «son candidatos potenciales a las elecciones y que si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral». Por eso su permanencia en prisión «lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política».
En el otro grupo de recursos se encuentra el del exconseller de Interior Joaquim Forn, que afirma que el riesgo de reiteración delictiva «no depende de lo que diga un investigado, que no tiene ninguna obligación de decir verdad», en referencia a lo ocurrido con la Mesa del Parlament. Él demostró su acatamiento al 155 al acudir al despacho, reunir a todo el personal y despedirse de él.
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Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ACN) y Òmnium Cultural, en el que posteriormente acumuló la querella por rebelión presentada contra el Govern.
En un principio el ministerio público iba a presentar dos informes, uno ante el Supremo y otro para pedirle a Lamela que siguiera adelante con sus actuaciones. Sin embargo, finalmente será únicamente la fiscalía ante el alto tribunal la que se pronuncie sobre la acumulación de causas a la que aspira Llarena, al entender «inescindibles» los hechos investigados en las dos causas.
La fiscalía basa su negativa a la acumulación en que no se puede privar a los no aforados de la posibilidad de disfrutar de una doble instancia judicial, circunstancia por la que España ha sido condenada reiteradamente por la justicia europea. Los condenados por el Tribunal Supremo no cuentan con la opción de que se revise su situación más allá de con el amparo del Constitucional.
El ministerio público se mostrará a favor de revisar la acumulación tras las elecciones del próximo 21 de diciembre, si el número de aforados aumenta al volver a ser elegidos diputados los miembros del Gobierno catalán en prisión.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha remitido al Supremo la causa en la que se investigaba a la Mesa secesionista del Parlament por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, a raíz de las deducciones de testimonio realizadas por el Tribunal Constitucional al ver desoídas sus resoluciones reiteradamente.
Esta causa fue reclamada al tribunal superior catalán por el propio Llarena, el pasado 9 de noviembre, el mismo día que tomaba declaración a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa.