Primera demanda colectiva contra Airbnb
102 anfitriones se unen contra la empresa tras recibir multas Los afectados se enfrentan a sanciones de hasta 60.000 €
Tras intentos fallidos en otras ciudades del mundo, Nueva York, por ejemplo, ha sido aceptada a trámite por primera vez una demanda colectiva contra Airbnb. Ha sucedido, cómo no, en Barcelona, el Verdún inmobiliario a efectos de la batalla que libra esta plataforma autodenominada colaborativa contra los gobiernos municipales de aquí y de allá. Los demandantes (lo que son las cosas) son exanfitriones de Airbnb, gente que alquiló ocasionalmente su piso, o incluso que simplemente lo publicitó y no llegó a tener visitas, y a los que el Ayuntamiento de Barcelona ha expedientado con sanciones de 30.000 y 60.000 euros. Lo hicieron sin la licencia de piso turístico, así que, ley en mano, el consistorio puede hacer lo que hace, pero ellos consideran que Airbnb les condujo por el mal camino, los indujo a «incumplir la ley en beneficio propio a a sabiendas de la ilicitud».
De momento, la demanda colectiva la firman 102 afectados. Se han puesto un nombre que, según y cómo, será recurrente en los meses venideros: Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb. En siglas, ACABA. Lo interesante es que el nombre lo dice todo. Se consideran víctimas colaterales de este Verdún entre el colauismo y la plataforma. Como víctimas civiles de un bombardeo. Las multas de 30.000 y 60.000 son reales, no una fake new. El propio ayuntamiento reconoce que así es, que la normativa se lo permite. Dura lex, sed lex.
La demanda, por ahora, solo gatea. La ha admitido a trámite un juzgado mercantil que ha considerado razonable la primera petición de ACABA, que se le facilite la lista completa de personas sancionadas por publicitar su vivienda en Airbnb. El propósito de disponer de esa información es, según Dylan Tarín y Neal Shanahan (portavoces y abogados de ACABA), localizar a más víctimas de esta guerra. Hasta ahora, 5.077 usuarios de la plataforma han sido sancionados por el ayuntamiento. Según Tarín y Shanahan, puede que unos 1.000 se ajusten al perfil de víctimas reales. Es decir, aseguran que las puertas de la asociación no están abiertas a profesionales del apartamento turístico, aquellos que alquilan su vivienda la mayor parte del año. Bajo el paraguas de la demanda solo caben quienes lo han hecho esporádicamente.
Un ejemplo extremo (dicen que real) es el de un muchacho que tenía a los padres de vacaciones y que, pillo él, pretendió alquilar el piso un fin de semana para sacarse unos euros. Nadie respondió al anuncio, salvo el ayuntamiento, que tramitó la sanción: 30.000 euros. Fue en julio del 2016 cuando los servicios municipales iniciaron ese fuego indiscriminado. Algunos afectados, tras el susto inicial, optaron por saldar la deuda porque ofrecía una rebaja del 50% por pronto pago. Otros, sencillamente, dicen que no les alcanza ni para pagar esa mitad. Las casuísticas son variadas. Hay parejas separadas en las que una mitad de la naranja alquila el piso y la otra mitad recibe la multa.
SALIR A BOLSA / En opinión de ACABA, la falta de rigor del ayuntamiento es de pelos de punta. Un portavoz municipal recuerda al respecto que, así es, la simple publicación del anuncio puede iniciar un expediente de sanción. A veces se completa el trámite con la visita de un inspector, todo un azar, porque si quien abre la puerta es el turista, el dueño del piso puede darse ya por expedientado.
Lo dicho, la demanda va aún en pañales, pero una demanda colectiva de centenares de denunciantes incomoda a cualquier empresa que cotice en bolsa, futuro que Airbnb, por cierto, acaricia desde hace meses.
La respuesta del ayuntamiento es la que ya se ha comentado. No se esconde. Más o menos, ha lanzado los
cadáveres de los llamados anfitriones por encima de los muros de Airbnb. La reacción de la empresa es la habitual en estos casos, vamos, la de una gran corporación, ya sea tabaquera o una como contra la que luchaba Erin Brockovich. El buenrrollismo de los anuncios nada tiene que ver con el lenguaje epistolar que emplea Airbnb cuando la llevan al juzgado. Solo ha respondido una vez por carta a ACABA, con motivo de la demanda. Arnaldo Muñoz, general manager para España y Portugal de Airbnb Marketing Services, considera que este es un conflicto que solo atañe al ayuntamiento y a los expedientados y añade que, llegado el caso, «para toda reclamación», lo que tienen que hacer los demandantes es dirigirse a las oficinas de Airbnb en Irlanda.
PRÓXIMOS PASOS / ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Con la lista en la mano, ACABA puede en primer lugar dar mayor volumen a la demanda colectiva. La asociación asegura que realiza un riguroso examen previo a cualquier candidato para garantizar que el alquiler fue ocasional. Llegado el caso, hasta preguntan a los vecinos y en las tiendas del barrio. Una oveja negra en la demanda sería letal para el resto.
Con esa lista ampliada tocará avanzar en la batalla contra Airbnb, pero tampoco descarta ACABA abrir otro frente contra el propio ayuntamiento por los defectos de forma en las mutas impuestas y por mala praxis. Según Shanahan, no hubo ningún paréntesis de tiempo entre un aviso preventivo al anfitrión para que retirara el anuncio y la imposición de la sanción.
De la demanda merece la pena incluso la letra pequeña. En primer lugar, porque recuerda que Airbnb, tras pactar con el Ayuntamiento de Barcelona la retirada de anuncios sin licencia en mayo del 2018, pasó a denominar «malos actores» a quienes hasta entonces habían sido parte de su sustento económico. En segundo lugar, sorprende lo que ocurría entre bambalinas. Algunos afectados dicen que se pusieron en contacto con la compañía para saber qué ocurría con las reservas que ya tenían tramitadas. «Las cuentas de anfitriones no se desactivarán aunque los anuncios se eliminen y no afectará a las reservas existentes».
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Un juzgado admite a trámite la petición,
paso inédito en cualquier otra capital donde campa la plataforma