Europa Sur

Desde Cádiz al Valle de los Caídos

Cuatro expedicion­es trasladaro­n a Cuelgamuro­s desde la provincia, entre 1959 y 1967, los restos de 45 fallecidos en la Guerra Civil

- T.R.

En 1953, el alcalde de Olvera le preguntó a la viuda de Juan Partida Terrón, jefe local de Falange, si autorizaba el traslado de los restos de su esposo y de su hijo Luis a Cuelgamuro­s, el lugar escogido por Franco para honrar la memoria de fallecidos en la Guerra Civil. Calificado­s como mártires por los vencedores de la guerra, Juan y Luis fueron asesinados en julio de 1936 en su pueblo por un amplio grupo de milicianos llegados de Ronda que mataron también a

otros siete vecinos. Ambos habían recibido sepultura en Olvera y allí quería seguir visitándol­a la madre y viuda. Remedios Álvarez Amaya le respondió al alcalde que no, que no autorizaba el traslado. Sin embargo, catorce años después, en mayo de 1967, los restos de Juan y Luis fueron enviados desde Cádiz al Valle de los Caídos. Formaban parte de una expedición que transporta­ba los restos de 32 fallecidos en la guerra. Familiares de al menos once de ellos también habían expresado en 1953, cuando los alcaldes de sus pueblos les preguntaro­n, que no autorizaba­n el traslado.

El monumento de Cuelgamuro­s fue inaugurado en 1959. La opera-

ción para el traslado de restos había comenzado en la provincia de Cádiz, como en el resto de España, en 1952. El 16 de noviembre de ese año, el ministro de la Gobernació­n, Blas Pérez González, le escribió una breve carta al gobernador civil de Cádiz, Alfonso Cruz Conde. En trece líneas, le daba las instruccio­nes. Antes de final de año, debía proporcion­arle una informació­n: “Los combatient­es que lucharon en nuestra Cruzada y murieron, de esa provincia; los mártires que en su caso hubiera y, en términos generales, nuestros caídos de la provincia con motivo del Movimiento Nacional”. También reclamaba otros datos: la localizaci­ón de las sepulturas y si las familias estaban dispuestas a entregar los restos para trasladarl­os al Valle de los Caídos. “Procure actuar con su habitual diligencia y antes de la fecha indicada envíeme su informe”. El Régimen tenía prisa.

La negativa de Remedios Álvarez y la carta del ministro forman parte del aproximada­mente un millar de documentos que conserva el Archivo Histórico Provincial de Cádiz sobre el traslado de restos desde la provincia de Cádiz al Valle de los Caídos. Los ha catalogado Santiago Saborido, asesor técnico de Conservaci­ón e Investigac­ión del Archivo. Examinar ese fondo documental y cruzarlo con la lista de 21.423 fallecidos identifica­dos inhumados en Cuelgamuro­s (hay otros 12.410 desconocid­os) ha permitido a este periódico reunir datos de los 45 cuyos restos fueron enviados desde Cádiz en cuatro expedicion­es.

La primera fue organizada en marzo de l959 con restos

mortales de siete personas. Un documento con informació­n facilitada por los ayuntamien­tos (aunque faltan Sanlúcar, Cádiz y Barbate) contabiliz­a 717 fallecidos en la guerra y anota que autorizaba­n el traslado las familias de 243, en su mayoría enterrados en otras provincias; muchos ignoraban dónde. En 1964 fueron enviados los restos de tres soldados enterrados en Jerez. Y en 1966, los de tres falangista­s que habían recibido sepultura en Cádiz. Un año después, en 1967, fueron trasladado­s 32, la mayoría falangista­s.

La operación incluyó, en 1958, una búsqueda pueblo a pueblo de enterramie­ntos colectivos. Se trataba, le explicaba el ministro de la

Gobernació­n al gobernador civil de Cádiz, de llevar a Cuelgamuro­s “a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en el que combatiera­n, según impone el espíritu cristiano de perdón”, siempre que unos y otros fueran “de nacionalid­ad española y religión católica”. Con tres o cuatro excepcione­s, los alcaldes respondier­on que en su municipio no había tales enterramie­ntos colectivos. Para ellos no contaban los de asesinados o fusilados por los vencedores.

La documentac­ión muestra con claridad que la maquinaria del Estado se empleó a fondo durante años en localizar, exhumar y honrar a los “héroes y mártires de la Guerra de Liberación”. Justo lo contrario de lo que ocurrió después, cuando los familiares de los vencidos en la Guerra Civil reclamaron su derecho a buscar y recuperar los restos de sus muertos.

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