La organización mantenía conexiones en diferentes provincias, entre ellas la de Cádiz
El estallido de la Operación Tarantelo provocó multitud de registros e investigaciones paralelas en diferentes puntos del país. Agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental se personaron en diferentes empresas para comprobar el grado de implicación en una trama con múltiples ramificaciones y que tenía su epicentro en la Comunidad Valenciana.
La onda expansiva del dispositivo de la Benemérita llegó hasta la provincia de Cádiz. El hecho de que uno de los principales investigados sea hermano de Ricardo Fuentes, que tiene la concesión de la almadraba de Barbate a medias con la firma Petaca Chico SL, hizo que hasta la localidad barbateña llegaran en el mes de junio agentes del Ucoma para registrar las instalaciones de la firma gaditana sin que se produjeran detenciones ni se paralizara en ningún momento la campaña atunera que en ese momento estaba en su punto más álgido. En principio las pesquisas continúan su curso, y el Juzgado de Picassent mantiene abiertas varias líneas de investigación.
Tanto este juzgado como la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia quieren reunir todas las piezas de este rompecabezas y no sólo quedarse en los importadores del atún rojo desde Malta e Italia sino incluso a las personas encargadas de su distribución,
no sólo por el territorio nacional sino también por otros mercados, como el asiático, el mayor consumidor de atún rojo del mundo.
Los almadraberos gaditanos llevan años denunciando la existencia de esta mala praxis con la que algunos quieren sortear las restricciones impuestas por el ICCAT metiendo un pescado que no cumple con los parámetros marcados por la Unión Europea. Este atún rojo es vendido en ocasiones a un precio menor, a clientes que no conocen su procedencia ilícita, lo que puede suponer un doble peligro.