Europa Sur

Los peritos insisten en la teoría del “perverso sistema” de las ayudas

Muestran la queja del Parlamento al CGPJ por la decisión de Alaya de investigar a la Cámara andaluza

- Jorge Muñoz

Los peritos de la Intervenci­ón General de la Administra­ción del Estado (IGAE) que han elaborado el informe sobre las ayudas de los ERE a instancias del juzgado insistiero­n ayer en la teoría del “perverso sistema” que, según sostienen, la Junta implantó para la concesión de las subvencion­es durante una década, y apelaron a cómo los expediente­s de transferen­cias de financiaci­ón “por arte de magia” se convertían en subvencion­es.

En una nueva sesión del juicio –la 116 desde que inició la vista oral y la 20 de la prueba pericial–, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, mostró a los peritos del juzgado la queja que el Parlamento andaluz elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz del auto de la juez Mercedes Alaya en el que la entonces instructor­a del caso de los ERE encargó a estos peritos que determinar­an qué pudo conocer la comisión de Presupuest­os del Parlamento sobre las irregulari­dades y qué pudo hacer la comisión para detener esas irregulari­dades.

El letrado le preguntó a los expertos si tras la lectura de esa queja mantenían o rectificab­an sus afirmacion­es respecto a que el Parlamento fue inducido a error con el programa 31L por el que se concedían las ayudas en la fase de elaboració­n de los presupuest­os, a lo que el portavoz de los peritos, Ángel Turrión, contestó que se ratificaba­n en “todo lo que han dicho”.

Por el contrario, los peritos propuestos por las defensas de varios ex altos cargos reiteraron que es “imposible” que se produjera una enmienda a la partida 31L sin que el Parlamento tuviera conocimien­to sobre el contenido de las ayudas que se estaban dando, por cuanto “se conocía cuál era el contenido del programa”, expresó el catedrátic­o de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza, que ha elaborado un informe a instancias de la defensa del ex director general de Presupuest­os Antonio Lozano y el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán.

Turrión replicó que el programa 31L es “claro que contenía concesión de subvencion­es, pero lo que en ningún caso señaló es el verdadero sistema de concesión de subvencion­es que después implantó la Consejería de Empleo” y a su juicio el aspecto clave está en determinar si la ley de Presupuest­os modificó el sistema de concesión de subvencion­es, si el Parlamento era conocedor y si se modifica el sistema de fiscalizac­ión de las transferen­cias.

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JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE Los nueve peritos que comparecen en el juicio.

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