Marín busca los focos con un impulso a su agenda en materia de regeneración
El vicepresidente aborda con los grupos parlamentarios una proposición de ley sobre limitación de mandatos que ya se aprobó en el Consejo de Gobierno y la creación de la oficina antifraude
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, es también consejero de Turismo, Justicia, Administración local y Regeneración. Este último elemento fue una innovación en la conformación del Gobierno de PP y Ciudadanos y llevaba la marca naranja. El político gaditano enarboló esta bandera –entre otras– en la irrupción de su partido en Andalucía, hace ya casi seis años. Fue marca de su labor de oposición y de socio del Ejecutivo de Susana Díaz, y fue el argumentó que utilizó para retirar su apoyo a la líder socialista. Ella, poco después, convocó elecciones amparada en esta ruptura a cuenta de la eliminación de los aforamientos, que hoy siguen vigentes en Andalucía. En ese marasmo de competencias, algunas muy lustrosas, la regeneración corre el riesgo de difuminarse, pero ayer el vicepresidente quiso llevarla al primer plano y acabó enfadando a la oposición.
Marín convocó el lunes por la tarde a los portavoces parlamentarios de los cinco grupos para abordar en la tarde de ayer tres asuntos. El más relevante consistió en la presentación de una proposición de ley para limitar los mandatos de los presidentes y consejeros de la Junta a un máximo de ocho años. Esta norma se aprobó como anteproyecto de ley; es decir, como iniciativa legislativa del Gobierno, en junio de 2019. No se había vuelto a saber nada de esta norma hasta la reunión de ayer y, por el gesto de Marín, el objetivo es que sean los grupos quienes impulsen esta norma, que ya se aprobó en la pasada legislatura a propuesta del PP, pero que no pudo aprobarse por el adelanto electoral.
El vicepresidente también aludió en su encuentro con los grupos el nuevo modelo de acceso a puestos directivos para el sector público –la denostada administración paralela– y también informó sobre los últimos avances de la ley que el Gobierno aprobará de forma inminente para crear la oficina contra el fraude. Esta norma incluye el blindaje de los denunciantes de casos de corrupción y crea un nuevo ente de extracción parlamentaria que se encargará de esta labor de forma independiente. También estaba en el paquete de compromisos alcanzados con el PSOE en la pasada legislatura que se quedaron en el tintero.
“El partido que tiene un compromiso firme para que haya más limpieza democrática, para que Andalucía nunca más sea titular de la corrupción política de sus gobernantes”, defendió ayer el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, quien también participó en la ronda de reuniones. El político gaditano retomó también la eliminación de los aforamientos para los políticos con el objetivo de que “no seamos unos privilegiados en la justicia frente al resto de ciudadanos, para que nadie se perpetúe y haya frescura y renovación” política en Andalucía. No hizo mención alguna a la necesidad de reformar el Estatuto que, ahora mismo, es imprescindible para acabar con esta anomalía.
Por contra, la oposición de izquierdas se mostró muy crítica con las reuniones. La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, consideró “inaudito que con la que está cayendo en Andalucía con la pandemia nos cite con urgencia para abordar asuntos que se pueden tratar mañana o pasado o al otro”. De forma similar se pronunció José Fiscal, portavoz socialista, quien ve “inconcebible” que el Gobierno no cite a su partido para tratar sobre la tercera ola de la pandemia y lo haga, a través del vicepresidente, para abordar asuntos como los aforamientos.
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