Condenan a un guardia civil por estafar a empresas en Jaén
● El agente facilitaba a terceros la compra de sociedades con dificultades a cuya información accedía por su puesto
La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado a un cabo primero de la Guardia Civil a tres años y medio de cárcel por utilizar su cargo para facilitar a terceros la compra a precios simbólicos de empresas que atravesaban dificultades económicas y así luego desmantelarlas sin hacer frente a las obligaciones contraídas por dichas empresas.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena a este guardia civil, V. S. S., de 40 años y destinado al puesto de Bailén (Jaén), como autor de un delito continuado de estafa. Además, le impone el pago de una multa de 3.000 euros.
El tribunal también le impone la inhabilitación especial para el empleo de guardia civil y la “privación definitiva de dicho empleo, e imposibilidad de obtenerlo nuevamente durante el tiempo de la condena”.
Durante la vista celebrada el pasado mes de octubre, el guardia civil procesado rechazó haber participado en nada que tuviera que ver con los hechos enjuiciados y sostuvo que las consultas que hacía desde una de las bases de datos de la Guardia Civil formaban parte de la actividad policial que desarrolla en el día a día.
El guardia civil había sido acusado por el Ministerio Fiscal de aprovechar su condición de agente para acceder a las bases de datos de la Guardia Civil con el fin de conocer toda la información existente en los archivos policiales sobre las personas a las que se iban a comprar las empresas. Además, lo acusaba de usar dichas bases para conocer si determinadas personas estaban siendo objetos de investigación policial.
V. S. S. negó haber participado en conversaciones relacionadas con la compra-venta de empresas en dificultades. Lo que sí reconoció es que otro de los acusados y condenados en esta causa le prestó 25.000 euros en dos operaciones distintas porque necesitaba dinero cuando se estaba separando, dinero que supuestamente ya ha devuelto aunque no consta recibo alguno porque “había confianza”. La investigación reveló hasta 72.330 euros en ingresos injustificados en la cuenta del guardia civil.
En el banquillo, lo acompañaron J. G. A., de 45 años, y M. A. A. M., como el supuesto intermediario y empresario, respectivamente, que se encargaban de ejecutar las operaciones de compra de las empresas. En el caso de J. G. A., el tribunal lo condena a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de estafa y al pago de 3.300 euros de multa.
La sentencia recoge como hechos probados que los tres condenados, a comienzos de 2014, “puestos de común acuerdo, establecieron un plan para sacar provecho de empresas en situación de grave crisis económica, pero que contaban con un importante inmovilizado material”.
Para ello, aparentaban “disponer de los medios necesarios para reconducirlas en el tráfico mercantil, ofreciendo asumir en su integridad las deudas y gravámenes que pesaran sobre ellas, e incluso los avales y fianzas de cualquier tipo por los que vinieran obligados a responder los socios de las mismas”.
Por ello, las compraban al precio simbólico de un euro, ya que “la utilidad del negocio radicaba en que los socios de dichas entidades se verían definitivamente liberados de las deudas contraídas, sin riesgos de mayores pérdidas”. El guardia civil condenado aportaba “seriedad y credibilidad a las propuestas de adquisición y a los acuerdos en que pudieran materializarse”.
“La verdadera intención de los acusados no era otra que el sistemático desmantelamiento del inmovilizado material de las empresas adquiridas, su venta a terceros y la disposición en su beneficio del numerario obtenido, sin voluntad alguna de hacer frente a las obligaciones contraídas en los contratos de trasmisión”, dice la sentencia.
La primera empresa comprada en 2014 para su posterior desmantelamiento tenía domicilio social en Jaén y se dedicaba a la explotación de canteras de grava y arcilla. Contaba con un inmovilizado en material y maquinaria superior al millón de euros.
La segunda empresa adquirida para su desmantelamiento tenía sede en Mancha Real (Jaén) y su objeto era la producción, distribución y venta de energía generada por procesos de combustión de biomasa, así como a la comercialización de los subproductos generados en la actividad. En este caso, la empresa, según la Fiscalía, tenía un inmovilizado en material e instalaciones superior al 1,7 millones de euros.
En cuanto a la responsabilidad civil se les condena a indemnizar conjunta y solidariamente a los dos empresas con un millón de euros, para la que tiene razón social en Jaén, y con 1,4 millones para la de Mancha Real. Asimismo, se solicita que el tribunal declare la nulidad de las escrituras de venta de las participaciones de ambas sociedades. La sentencia puede recurrirse ante el TSJA.
La sentencia recoge que el agente aportaba “seriedad” en las propuestas de compras