El TSJC resolverá mañana si frena el aplazamiento del 14-F

● Formaciones apelan para que los comicios no se celebren el 30 de mayo ● Aragonès arguye las elecciones en Galicia y País Vasco

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá resolver como muy tarde mañana si frena cautelarmente el aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero al 30 de mayo, como prevé el decreto aprobado el viernes por el Govern, contra el que ya se han presentado diversos recursos. Dos formaciones extraparlamentarias (Lliga Democràtica e Izquierda en Positivo) y dos asociaciones (Federalistes d’Esquerres e Impulso Ciudadano) presentaron recurso o están a punto de hacerlo, mientras que un particular incluso solicitó adoptar medidas cautelarísimas, lo que obliga al tribunal a pronunciarse de forma urgente sin esperar a conocer el posicionamiento del Govern.

Al alegar el interesado la necesidad de resolver el caso con urgencia, el tribunal deberá pronunciarse en un plazo de dos días sobre si paraliza o no cautelarmente el decreto de aplazamiento, antes de tomar una decisión definitiva. En caso de que aceptase las medidas cautelares, el TSJC daría audiencia a la Generalitat para que en el plazo de tres días presentase sus alegaciones, o bien convocaría a las partes a una comparecencia que debería celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida.

La primera en recurrir el aplazamiento al 30-M fue la Lliga Democràtica, una fuerza del catalanismo moderado liderada por Astrid Barrio que intentó, sin éxito, concurrir a las elecciones en alianza con el PSC. Según la Lliga, ha habido un “abuso de poder inaceptable”, ya que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, “no tiene atribuciones para dejar sin efecto una convocatoria electoral y mucho menos para volver a convocar elecciones cuando considere que se dan las circunstancias oportunas”. Por su parte, Izquierda en Positivo decidió presentar igualmente recurso. Lo mismo anunció Federalistes d’Esquerres, una asociación ideológicamente cercana al PSC. Su viceprimera secretaria, Eva Granados, aseguró que su partido aún no había decidido si recurriría el aplazamiento: “Hemos consultado a varios juristas y estamos a la espera de sus informes jurídicos. Decidiremos en función de lo que nos digan”, afirmó.

El vicepresidente Aragonès comentó que quienes deseen recurrir el aplazamiento “son libres” de hacerlo, aunque pidió “responsabilidad” y recordó que la fórmula utilizada para justificar la nueva fecha del 30-M, “el riesgo inasumible”, ya se utilizó en el País Vasco y Galicia.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, culpó directamente a “La Moncloa” de estar detrás de algunos de los recursos y de “presionar” al entorno del PSOE. Por su lado, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, señaló que si el decreto de aplazamiento es o no impugnable “lo tendrá que decir la justicia”.