Abengoa pide el concurso voluntario tras fracasar el rescate firmado en agosto
● Anuncia que los acreedores no conceden más prórrogas y que la refinanciación ya no puede ejecutarse ● Solicita en los juzgados mercantiles de Sevilla la protección concursal
Abengoa S. A. pidió ayer concurso voluntario en los juzgados mercantiles de Sevilla en la que, de consumarse, sería la segunda mayor quiebra de la historia empresarial española, sólo superada por la de Martinsa-Fadesa. La deuda bruta de la multinacional fundada en Sevilla en 1941 se acercaba a los 6.000 millones de euros, a cierre de 2019, el último ejercicio del que se han formulado cuentas.
El grupo Abengoa tiene una plantilla superior a 14.000 empleados, de los que unos 3.000 trabajan en España, la gran mayoría en Sevilla.
El consejo tomó esta decisión de pedir el concurso voluntario, comunicada en una información privilegiada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que a primera hora de ayer anunciase que el rescate firmado con los acreedores y el Gobierno el pasado seis de agosto había fracasado.
Abengoa había informado previamente en la mañana de ayer, en otra información privilegiada enviada a la CNMV, de que “los acreedores financieros no habían otorgado los consentimientos solicitados” por la compañía “para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración”, el tercero planteado en el último lustro.
Fuentes financieras aseguraron que los administradores no lograron que el Banco de Santander, que es el acreedor que había dado las dos prórrogas a este consejo, sin que conste que participasen otros acreedores, ampliasen más los plazos a partir del 19 de febrero.
Abengoa está en preconcurso de acreedores desde el 18 de agosto pasado, y toma esta decisión una vez cumplidos los seis meses de protección preconcursal, que se cumplieron el pasado jueves.
Pese a que este consejo tiene fecha de caducidad, porque la próxima semana se celebra un junta general extraordinaria para votar su cese, y los datos de los accionistas que han forzado la convocatoria indican que volverán a ganarla, como las dos anteriores, los administradores han optado por tomar estas decisiones que condicionan el futuro de la compañía.
“El consejo de administración, siendo consciente de la compleja situación y de las, cada vez, mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas, sigue comprometido en buscar alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor, objetivo para el cual se solicita a todos aquellos que tienen intereses en la sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos”, afirma en la información privilegiada hecha pública dos minutos antes de las ocho de la tarde de ayer, hora en la que fue publicada por la CNMV.
Es muy relevante que este consejo sigue hablado de la “viabilidad de la filiales”, en línea con la idea del tercer rescate, de llevar a liquidación a la matriz del grupo y cotizada.
La petición del concurso voluntario es en principio para Abengoa S. A., pero al haber fracasado la financiación de las filiales operativas, que siguen siendo sociedades unipersonales 100% propiedad de la matriz fundada en 1941, por el mismo motivo, el concurso también les afecta.
A partir de la petición del concurso registrada en el juzgado, no sólo se protege a la sociedad y sus filiales que piden el concurso, tampoco puede hacerse nada que perjudique a los acreedores.
El recate anunciado en agosto, consistía en lograr 250 millones
de euros de nueva liquidez, distribuidos en un préstamo ICO de 50 millones, 180 millones que prestaba la banca que ya es acreedora con un aval del 70% por parte del ICO y 20 millones que se asignaron a la Junta de Andalucía sin tener ni su consentimiento ni negociar ni fórmula ni contrapartidas por aportar ese capital. Desde antes de la firma el Gobierno andaluz ya mostró sus reticencias por falta de garantías jurídicas. La operación de refinanciación incluía también 300 millones de euros en avales garantizados por el Cesce. En total, 550 millones.
Pero junto a ello, de haber prosperado el rescate, se rompía societariamente el grupo y se ponía al frente del mismo a la filial operativa, Abenewco 1. Con el fracaso del rescate y la petición del concurso voluntario, todos los negocios y activos siguen vinculados a la matriz, que es dueña a día de hoy del 100% de todas las filiales, porque no se ha comunicado al regulador bursátil que se hayan ejecutado ni garantías ni bonos convertibles en acciones.
El concurso era además la principal salida que se barajó durante todo el día que tomaría el consejo, ya que había anunciado que adoptaría las decisiones “para proteger los intereses de Abengoa y de su grupo de sociedades, teniendo presentes así mismo a todos sus grupos de interés”. Máxime tras haber aclarado que “la resolución automática del acuerdo de reestructuración provoca que dejen de estar en vigor tanto los consentimientos relacionados con el aplazamiento y renuncia de pago de determinados intereses como los
waiver y restricciones establecidos en el citado acuerdo respecto de los vigentes instrumentos financieros y de deuda de la sociedad y su grupo”.
Pese a estar solicitada su destitución, adoptan la decisión para dar “viabilidad a las filiales”