La nueva PAC enfrenta al Gobierno con los productores andaluces
● La pandemia frena la convocatoria de movilizaciones de las organizaciones agrarias y las cooperativas ● El Ministerio afirma que ha mantenido numerosas reuniones con el sector y el agro pide su dimisión
La transición hacia la nueva Política Agrícola Común (PAC) ha abierto un grave enfrentamiento entre los productores andaluces y el ministro del ramo, quien acusó a las organizaciones agrarias y a las cooperativas de la región de confundir e inquietar al sector, mientras que estos dicen que Planas miente y no cuenta con ellos.
Andalucía se enfrenta a la pérdida del 50% de las ayudas de la Política Agrícola Comunitaria con el estímulo del Ministerio de Agricultura que, pretende acelerar la convergencia con el nuevo modelo propuesto desde Bruselas. Esta es la situación que denuncian los productores y las cooperativas andaluces quienes, dejando a un lado posibles diferencias de color político, se han unido para pedir la inmediata retirada del Real Decreto de transición de ayudas de la PAC. Los representantes autonómicos de Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias y UPA exigen la urgente convocatoria de “una mesa de diálogo real”, que se mantenga el peso de los agricultores y ganaderos andaluces en el conjunto nacional y en caso contrario reclaman la dimisión del ministro de Agricultura.
Pero Luis Planas no atiende a las propuestas de los productores andaluces y lejos de empatizaron agricultores y ganaderos, considera infundadas sus quejas y mantiene la línea del Gobierno central, defendida fervientemente por el secretario general del ramo, Fernando Miranda. El ministro de Agricultura mantiene así el pulso a los agricultores y ganaderos andaluces , que están esperando a que la pandemia de una tregua para echarse a la calle y convocar movilizaciones de protesta con las que sensibilizar a la población y explicar sus argumentos.
En una reciente rueda de prensa celebrada en Sevilla de forma conjunta por Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias y UPA, sus representantes regionales explicaron que la clave está en que se sustituye el criterio de producción por el de superficie para distribuir los fondos comunitarios. Esta base perjudica especialmente a los productores que con inversión y esfuerzo han logrado sacar mayor rentabilidad a sus tierras y castiga a la agricultura más productiva e innovadora, senda que en los últimos lustros ha seguido Andalucía
hasta convertirse en ejemplo mundial.
Las organizaciones llegaron a decir que el Gobierno central “está mintiendo a los agricultores y ganaderos al achacar a Bruselas la brusca convergencia que impone el Ministerio de Agricultura con el citado decreto”. Dicen que Bruselas “recomienda una convergencia gradual del 75%, hasta 2026, pero el departamento de Luis Planas pretende una del 80% en tan sólo dos campañas”.
Los productores aseguran que este decreto “es la antesala de la posición que tomará el Gobierno de España a la hora de distribuir las ayudas de la PAC y consuma la declaración de intenciones del ministro de reducir drásticamente el número de regiones productoras, eliminar los derechos históricos y realizar el reparto de las ayudas bajo un modelo de tarifa plana, sin tener en cuenta la rentabilidad de las explotaciones”.
El Ministerio de Agricultura respondió al envite de las organizaciones agrarias y cooperativas y empezó por aludir a “determinadas informaciones inexactas, difundidas sobre la negociación en curso de la Política Agraria Común (PAC) y su aplicación en España”, aunque no especificó si se refería a las palabras de los representantes de los productores o a las informaciones publicadas al respecto.
Sí respondió directamente a las denuncias de Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias y UPA de que “el texto, publicado en el BOE el pasado 27 de enero, se ha hecho sin consenso y a espaldas de la principal región agraria de España”. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
Los productores creen negativo que se cambie el criterio de producción por el de superficie
Organizaciones y cooperativas acusan a Planas de mentir al culpar a Bruselas
El Ministerio avisa de que habrá nuevas reuniones con las comunidades en mayo
Los productores advierten de que acabará con la reserva nacional
ción afirma que “un intenso trabajo de análisis y concertación con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector ha tenido lugar desde principios del año 2019 en más de doscientas reuniones, lo que ha permitido avanzar con espíritu constructivo en los aspectos técnicos de la misma”. “Igualmente –agrega– sendas discusiones políticas han tenido lugar con idéntico propósito, para aproximar posiciones entre las comunidades autónomas”.
Explica que “la discusión de los tres reglamentos europeos de la PAC entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y bajo la presidencia portuguesa de la UE, no ha concluido aún, y previsiblemente no lo hará hasta finales del mes de abril. Será en ese momento cuando se decidan los parámetros finales europeos de la futura PAC”. Por ello dice que “la previsión es que el Ministerio y las comunidades autónomas puedan reunirse en la segunda quincena del mes de mayo, para tomar las decisiones sobre su definición y aplicación en España, para el periodo 2023-2027”.
De esta forma, el departamento que dirige Luis Planas niega la mayor y afirma que “cuestiones tales como la ayuda básica a la renta, la definición de quién deba percibirla, las regiones de pago, los periodos sobre los cuales deba extenderse la convergencia para cumplir con los compromisos europeos; así como los ecoesquemas y todos los restantes conceptos, permanecen en estos momentos en debate, y pendientes de decisión”. Agrega que “es rotundamente falsa y carente de cualquier fundamento, la afirmación de que el Ministerio pretenda excluir a un número elevado de perceptores actuales de la PAC en esta nueva reforma. Igualmente, la de que estén ya decididos importes y mecanismos de reparto de las futuras ayudas. Lamentamos profundamente estas afirmaciones que crean inquietud y zozobra en el sector agrario, y confunden a agricultores y ganaderos”.
Explica que “la voluntad del Gobierno es lograr el acuerdo más amplio posible, en forma de acuerdo nacional, para hacer del contenido de esta PAC, y de los 47.724 millones de euros obtenidos por España en el Consejo Europeo
de julio de 2020, el mejor instrumento de apoyo a agricultores, ganaderos y medio rural, en función de las necesidades concretas y previamente identificadas, de cada uno de los sectores y subsectores”.
Y, por último, se ampara en las directrices comunitarias cuando señala que “la posición del Gobierno de España sobre la reforma en curso sobre la PAC es la contenida en el documento examinado por el Consejo de Ministros
en noviembre de 2018, que aparece ampliamente recogida en el acuerdo de los Ministros de Agricultura de la UE alcanzado en Luxemburgo en octubre del pasado año. Las decisiones de aplicación que procedan serán adoptadas en Conferencia sectorial por el Gobierno de España y las comunidades autónomas”.
Por su lado, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido que el real decreto de transición “apueste por una convergencia más suave y no brusca”. “Andalucía –dijo– pide que los cambios que se produzcan en el futuro tienen que ser medidos, para que puedan ser asumibles por parte de los agricultores y ganaderos”, pues estos, “necesitan certidumbre y liquidez”. Crespo insistió en que seguirán pidiendo una convergencia “suave” hasta 2027 que es cuando establece la nueva PAC.
Los productores andaluces están hondamente preocupados: “La situación no augura nada bueno porque hay una pérdida importante de ayudas”, señala el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, quien recalca que no se trata de una batalla política. El secretario general de COAG-Andalucía, Miguel López, subraya que los andaluces tienen más ayudas porque son más productivos y cree que esta situación va a generar un grave conflicto en el mundo rural. El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, agregó que la Ley de la Cadena no se está cumpliendo y que cuando la pandemia lo permita habrá movilizaciones, y el secretario regional de UPA, Miguel Cobos, pidió al ministro que negocie.