Urge abaratar la tarifa eléctrica de los regantes
El encarecimiento de la energía lastra la competitividad y la modernización del sector
HA empezado 2021 ofreciéndonos días históricos por encima de nuestras posibilidades. Jornadas que nos calientan el ánimo se encadenan a otras, bien distintas, que nos dejan literalmente helados. Valgan como prueba las que se sucedieron durante el paso de Filomena, el temporal de nieve que precedió a un hundimiento de los termómetros a lo largo del que la factura eléctrica se disparó un 27%. Se trata de un porcentaje elevado, sin duda. Merecedor de la atención pública y mediática. Pero, ¿sabían ustedes que, desde que se suprimieron las tarifas especiales, el recibo eléctrico del regadío ha subido más del 120%?
Ese insoportable encarecimiento se debe, fundamentalmente, a los costes fijos, puesto que el término de potencia se ha incrementado más de un 1.100% desde 2008, cuando se produjo el cambio del sistema tarifario. Este incremento sí que depende exclusivamente del Gobierno, al corresponderse con los costes regulados, que son fijos (totum revolutum de conceptos: múltiples impuestos, primas a renovables, moratoria a las energías de ciclo combinado, deudas contraídas del Estado en torno a la instalación de paneles para producir energías renovables, intereses de la deuda, alquileres de redes de distribución…).
Ello resulta totalmente improcedente e injusto, porque estos son costes fijos que representan alrededor del 60% de los costes totales de energía para el regadío, sobre todo teniendo en cuenta que la elevada factura eléctrica que soportan los regantes es la principal barrera para el avance del proceso de modernización, gracias al cual durante la última década se ha conseguido un ahorro del 16% en el consumo de agua, llegando a superar incluso el 15% en algunas históricas zonas regables.
Pues bien, tras el estallido de la pandemia, eventualmente se permitió a los regantes seguir firmando un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro, con una potencia mínima, para el resto del año con el que simplemente mantener los equipos. Y es que el decreto por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 reconocía el carácter estacional del regadío, una actividad esencial que no se vio ininterrumpida en ningún momento y que contribuyó a garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad en las tiendas y supermercados de toda España. Con ello, se atendió una petición histórica. Y, en definitiva, se hizo justicia. Aunque lamentablemente tuviera que ser en un contexto tan aciago.
Meses después, coincidiendo con el aval que recibieron los Presupuestos Generales del Estado para comenzar su tramitación en el Senado, se aprobó una enmienda –con 172 votos a favor y 164 en contra– que recoge que el Gobierno, antes de junio, deberá establecer reglamentariamente una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemple la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro.
Una noticia estupenda que bien merecería descorchar una buena botella de vino. Pero cuidado con brindar. Y es que la ley de la sequía de 2018 ya contemplaba en sus disposiciones adicionales la posibilidad de firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima para el resto del año. Sin embargo, el artículo aún no se ha desarrollado, por lo que no ha podido ser aplicado, pese a la insistencia de Fenacore a lo largo de más de 10 años con los distintos Gobiernos de turno.
Los regantes somos el segundo consumidor de energía, después de ADIF. De ahí que el encarecimiento lastre la competitividad de un sector seriamente amenazado por la inconcebible desproporción entre los costes que soportamos, actualizados a 2020, y los precios a los que vendemos, anclados en los años 80 y 90.
Por ello, el cambio normativo que llegó a publicar el BOE para modificar las tarifas eléctricas al alza precisamente en aquellos periodos en los que los regantes deben usar el agua de manera más intensiva, léase, en los meses de verano; hubiera supuesto la puntilla definitiva para muchos agricultores de regadío, imprescindibles todos ellos para reducir la contaminación y luchar contra el cambio climático, evitar la despoblación de la España rural, vertebrar el territorio, reconstruir el país tras la pandemia...
Ese incremento de precios podría elevar la factura eléctrica más de un 50% en algunas comunidades de regantes, haciendo todavía más difícil amortizar los costes de la modernización de regadíos y, lo que es peor, poniendo en peligro la transformación de las más de un millón de hectáreas todavía pendientes.
Por eso, y porque los regantes ahorraríamos un 20% en nuestra factura eléctrica con dos contratos al año, habría que desarrollar urgentemente la medida que acabaría con el absurdo de tener que pagar todo el año por un servicio que únicamente se utiliza durante la campaña de riego. Ese abaratamiento serviría para consolidar a España como referente internacional en regadío modernizado, puesto que la culminación de estas obras conlleva un importante encarecimiento de la factura.
Y, lo que es aún más importante, para ganarnos nuestro pan, sin metáforas ni exageraciones.
Desde que se suprimieron las tarifas especiales, el recibo ha subido un 120%
Desahogaría la solvencia económica de muchas familias, dedicadas a la agricultura de regadío. Y, de esta manera, se ayudaría a garantizar la alimentación en el futuro.
La solución a los problemas globales de desnutrición pasa por la biotecnología y por la agricultura de regadío, que produce hasta seis veces más que la de secano. De hecho, una hectárea de regadío intensivo puede producir el equivalente a 40 hectáreas de secano.
El campo español anuncia movilizaciones, tractoradas con las que velar por nuestros derechos e intereses y despertar conciencias frente a la crisis que vive el sector. Se exigen al Gobierno soluciones a una situación asfixiante. Y el desarrollo reglamentario de la disposición que recoge la enmienda para que los regantes podamos firmar dos contratos eléctricos al año se presenta como una magnífica oportunidad para que nos demuestren, verdaderamente, que “el campo no se vende, sino que se defiende”.