EL NOMBRAMIENTO DE ZARAGOZA ABRE UNA CRISIS EN LA FISCALÍA
● Sostiene que el nombramiento como refuerzo en la comarca es “improcedente” y solaparía responsabilidades
El fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, presentó ayer un escrito en la Fiscalía General del Estado (FGE) para manifestar su discrepancia con la designación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza como refuerzo de la Fiscalía Especial Antidroga para el Campo de Gibraltar. Noreña subraya que esa decisión de la responsable de la FGE, Dolores Delgado, es “ilegal e improcedente”.
Este escrito de discrepancia llega después de que Delgado designara a Zaragoza para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el área territorial del Campo de Gibraltar y zonas aledañas. Entonces, se apuntó que Zaragoza desarrollaría esta labor en cooperación y “sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación”.
Pero Noreña explica que a él no se le ha notificado la resolución formalmente sino que sólo se le remitió “una copia al correo electrónico particular de su secretaria”, y añade que el decreto de nombramiento se ha dictado sin ninguna gestión previa de la FGE con Antidroga en la que se hiciera referencia a la compleja situación de la lucha contra el tráfico de drogas en la zona sur de España.
“Ignoro totalmente el iter seguido para la adopción de la designación hecha en el citado Decreto, del que no consta ningún número de registro, ni indicación de los posibles recursos que caben contra dicha decisión”, apunta, para luego añadir que en todo caso no solo se designa a Zaragoza sino que se añaden “unas órdenes imprecisas” de coordinación entre el designado y la Fiscalía Especial.
Por eso, se ciñe al artículo 27.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para poner de manifiesto su discrepancia y destaca que el decreto es nulo de pleno derecho porque “es contrario a las disposiciones” de esa norma concreta que tiene rango de Ley.
Al hilo, señala que dicho estatuto no autoriza al Fiscalía General del Estado a designar un delegado cuyas competencias coincidan plenamente con las de otro órgano de Fiscalía, ni siquiera por la vía de limitar territorialmente el encargo o con relación a un plan especial.
Recuerda que, según ese mismo estatuto (artículo 22.3), queda claro que los fiscales de Sala delegados “lo son en materias comunes a diferentes fiscalías territoriales, fundamentalmente para propiciar formas de actuar homogéneas”, pero en ningún caso prevé la posibilidad de nombrar un delegado “cuyas funciones coincidan plenamente con las de una sola Fiscalía”.
Además, incide Noreña en su escrito en que se produce un solapamiento porque la Fiscalía Especial Antidroga tiene atribuidas entre sus funciones las que le reconoce el decreto de Delgado a Zaragoza, es decir, coordinar las actuaciones de las distintas fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico.
Tras esto, recuerda que la designación de delegados se hace mediante concurso interno, con informe de dos fiscales Jefes (territorial y de Antidroga), audiencia del Consejo Fiscal y designación por la Fiscalía General del Estado.
Noreña pone el foco así en que desde una perspectiva formal, el decreto de Delgado para nombrar a Zaragoza “se ha dictado prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento”, y lo compara con el nombramiento de Ana Villagómez en 2019 como delegada autonómica de esta Fiscalía Especial.
Destaca que no consta incoación de expediente, se retrasa cuatro días la publicidad del decreto, no consta indicación de eventuales recursos y se ignoran extremos tan importantes como saber de quién ha partido la iniciativa para su adopción. Insiste en que él como fiscal jefe no ha informado sobre la necesidad o conveniencia de la medida adoptada, y añade que en lugar de designar directamente a Zaragoza se debía haber convocado un “concurso interno”.
Por otro lado, insiste en que es improcedente esta designación porque en el decreto, si bien se dice que la actividad desplegada por Antidroga en la zona de Campo de Gibraltar es “notable”, simplemente se apunta que las organizaciones criminales “mantienen a día de hoy en esa zona geográfica una indeseable capacidad de actuación” por lo que considera que debe reforzarse la intervención.
José Ramón Noreña subraya que no se le ha remitido la resolución formalmente