La juez de Isofotón estrecha el cerco sobre los gobiernos de Chaves y Griñán
● Reclama acuerdos en los que participaron la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas
La juez Patricia Fernández Franco, que investiga los avales y préstamos por importe de 80 millones concedidos a la empresa malagueña Isofotón, sigue estrechando la investigación a los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La instructora atendió una petición de Anticorrupción y reclamó a la Junta de Andalucía la entrega de una serie de acuerdos del Consejo de Gobierno presididos por ambos ex presidentes entre 2007 y 2012, en algunos de los cuales participaron la actual portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
Los avales que la agencia IDEA concedió Isofotón pasaron por tres consejos de Gobierno presididos por Griñán en 2010 y 2011. En la primera de las actas, de 2 de marzo de 2010 se ref leja en el punto 10 la “propuesta de acuerdo por el que se ratifica el adoptado por el consejo rector de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, relativo a la concesión de aval solidario a la sociedad Isofotón SA”. Y lo mismo sucede con las otras dos actas, del 13 de julio –en cuyo punto 9 aparece la propuesta de acuerdo para ratificar la concesión de un aval a favor de la entidad Isofotón, ubicada en Campanillas
(Málaga)– la del 1 de marzo de 2011, en la que el aval a Isofotón aparece en el punto 5 del índice rojo de esa reunión.
Estos tres consejos de Gobierno estuvieron presididos por Griñán y en los mismos figuraban algunos de los ex consejeros que han sido citados a declarar por la instructora en calidad de investigados, como Antonio Ávila o Martín Soler. En esas tres reuniones en las que se ratificó la concesión de los avales a Isofotón también participó la actual ministra de Hacienda, que entonces ocupaba el cargo de consejera de Salud. Y en el primero de los consejos donde se abordó la ayuda a Isofotón, el 2 de marzo de 2010, intervino el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en su condición de consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, cargo que ocupó entre 2008 y 2010.
Los fiscales delegados de Anticorrupción Fernando Soto Patiño y Nazaret Salgueiro han solicitado ahora a la juez que se requiera más documentación a la Consejería de Presidencia relacionada con los avales y préstamos; en concreto, han pedido que se se aporten los “expedientes de tramitación” de diversos acuerdos, como el del Consejo de Gobierno del 26 de junio de 2007, presidido por Chaves, o los acuerdos del Consejo de Gobierno de fechas 2 de marzo de 2010 y 1 de marzo de 2011.
De la misma forma, el Ministerio Público ha extendido la petición de documentación a los acuerdos adoptados en la Comisión General de Viceconsejeros –conocido popularmente como los consejillos– del 21 de junio de 2007; 24 de febrero de 2010; 7 y 8 de julio de 2010; y 16 de febrero de 2011. La juez también ha requerido el acuerdo de la sesión delegada de la comisión de Asuntos Económicos del 3 de julio de 2012 y el acuerdo de la sesión ordinaria del consejo de administración del Fondo de Desarrollo Empresarial del 29 de mayo de 2012. Esta información complementa la requerida recientemente relativa al acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos de fecha 3 de julio de 2012, por la que se modificó la propuesta de inversión para la concesión de un préstamo a la empresa fotovoltaica malagueña del Fondo de Desarrollo Empresarial (FDE) por importe de 8.395.854 euros.
A esta comisión delegada para Asuntos Económicos no asistía el entonces presidente Griñán –no es frecuente que asistan los presidentes–, si bien en la misma participaban otros miembros del Gobierno andaluz como el consejero de Economía, Antonio Ávila, y también eran miembros las consejerías de Hacienda, Obras Públicas, Empleo, Agricultura –cargo que ocupaba el actual ministro de Agricultura, Luis Planas–, Igualdad –cargo que ostentaba la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero–, Cultura y Medio Ambiente.