El concurso de Abengoa alimenta la bronca política entre Gobierno y Junta
Clemente Fernández anticipa que pedirá a la SEPI que refinancie la compañía cuando acceda a la presidencia la próxima semana, pese a que el fondo de rescate exige ser viable antes del Covid
El fracaso del tercer rescate de Abengoa y la solicitud de concurso voluntario hecho por los actuales administradores derivó ayer en una bronca política entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía sobre la responsabilidad de cada una de esas administraciones y de los partidos que las gobiernan.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quiso tranquilizar la alarma creada por la solicitud del concurso voluntario de acreedores y enfatizó que esta protección no implica necesariamente una liquidación definitiva de la empresa. Es más, aseguró que “queda camino por recorrer”.
Tras el Consejo de Ministros, Montero afirmó que “en todo momento el Gobierno de España ha apoyado a Abengoa” y recordó que aportó financiación y avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Cesce, así como que la Comisión Delegada del Gobierno aprobó en julio una financiación condicionada a la participación de otras administraciones, en referencia a la Junta de Andalucía y la banca.
Montero recordó que el Ejecutivo estaba dispuesto a aportar más de 476 millones de euros, cerca de 550 millones que componían el rescate que ha fracasado con el objetivo de dar viabilidad a Abengoa.
La portavoz del Gobierno responsabilizó al Ejecutivo andaluz de haber provocado el fracaso del rescate, al señalar que la negativa de las entidades financieras que iban a proporcionar la financiación a conceder más plazo a Abengoa para firmar el acuerdo y que no se cumpliera la aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía, –una cantidad que no se llegó a comprometer por parte de esta administración–, ha derivado en la solicitud de concurso de acreedores.
Montero, que recordó que la cantidad que tenía que aportar la Junta de Andalucía era “infinitamente inferior” a la del Gobierno central, señaló que desde el Ejecutivo del que forma parte han intentado ser parte de la solución “pero otros actores necesarios no han cumplido con las expectativas y compromisos que la empresa tenía planteados”.
Montero reiteró que la solicitud de concurso de acreedores no tiene que implicar obligatoriamente la liquidación definitiva de Abengoa y deseó que “ojalá que el administrador concursal que se designe tenga capacidad de buscar nuevo inversor”.
La también ministra de Hacienda indicó que “son otros los que tendrán que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso y, al final, desgraciadamente nos hemos visto asistiendo a la presentación de este concurso voluntario de acreedores”.
“Desde el Gobierno damos todo el ánimo a esta empresa y sobre todo al administrador concursal para que en la medida de lo posible los puestos de trabajo se puedan preservar”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dijo desde Ronda que no cree que se le pueda imputar al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) la responsabilidad de la situación de Abengoa, con una deuda de “casi 6.000 millones de euros”, y señaló que desean y apoyan la viabilidad de la compañía.
Moreno replicó a Montero que “si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta y que no podemos darle por la normativa, no hubiera contribuido prácticamente de ningu
na manera a poder mejorar la situación de la empresa”.
Moreno confió en que el ICO, el Gobierno, las entidades financieras y la empresa establezcan un plan de viabilidad “serio y que dé futuro a la compañía”, mientras, por su lado, subrayó que la Junta estará al lado de Abengoa “en cada cuestión que solicite y puedan atender”. A su juicio, Abengoa tiene viabilidad como empresa porque “tiene capacidad, talento y recursos, junto a una oferta muy incorporada a muchos mercados internacionales”. No obstante, reconoció que esto va depender “del propio plan de viabilidad de la empresa y de los recursos que pueda disponer”. Coincide con Moreno, Clemente Fernández, quien previsiblemente la semana próxima se convertirá en el presidente de Abengoa: “El hecho de que (el lunes) se solicitara el concurso no tiene por qué impedir que ref lotemos la empresa, salvemos todos los empleos e incluso hagamos crecer el negocio”, explicó.
Fernández espera que la “previsible designación del administrador concursal se demore al menos un mes, en ningún caso antes de la junta general, y luego se irán tomando las decisiones de manera consensuada”. De hecho, no parece preocuparle que el fondo de rescate de SEPI para empresas estratégicas esté diseñado expresamente para tratar de salvar compañías que hayan dejado de ser viables a causa de la pandemia. “El fondo de rescate es la opción más realista y factible”, dijo.
Además de las administraciones, PSOE y PP también se culparon mutuamente de la situación creada en Abengoa. Susana Díaz criticó la “indolencia” de Juanma Moreno y desde el PP andaluz se replicó que “por la gestión del PSOE en casos como Isofotón, la Junta perdió la capacidad de ayudar a empresas como Abengoa”.
Los partidos también se cruzan acusaciones sobre la situación creada en la empresa