CÁMARA INACTIVA
EL Tribunal de Cuentas, para las de la nación, y las cámaras de cuentas, para las de las Autonomías, son importantes instituciones que fiscalizan las cuentas y la gestión económica del sector público. En nuestra autonomía tenemos una cámara de cuentas que, al parecer, no cumplen su función fiscalizadora, porque no se reúnen y están así, sin aprobar la Cuenta General de Andalucía de 2019, que corresponde al cierre del primer ejercicio del Gobierno del PP y Cs. La situación es tan preocupante que ha merecido un editorial en estas páginas y un complemento de información, debido a la pluma del subdirector Juan Manuel
Marqués. La causa de este bloqueo es conocida y diré que compartida: la falta de asistencia de los consejeros nombrados por el PP, Cs y Vox a las dos convocatorias que les ha hecho el presidente del organismo autónomo, Antonio López, nombrado a propuesta del PSOE. Los consejeros que no asisten justifican su falta de asistencia en que el presidente, que lleva diez años en el cargo, tiene su mandato caducado, por lo que no está legitimado para convocar plenos ordinarios, porque antes, según el reglamento por el que se rige la institución, hay que celebrar una sesión extraordinaria para elegir a los nuevos presidente y vicepresidentes y por ello, según los vocales elegidos a propuesta del PP, Cs y Vox, carece el presidente de legitimación para convocar plenos ordinarios, porque antes debe reunirse el pleno extraordinario
que elija el nuevo presidente y vicepresidentes de la institución. Se amparan en lo que dispone el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara.
El presidente actual, catedrático de Economía y ex político socialista, tiene su mandato caducado desde el 2 de febrero. Esto lo entiende así Abc, aunque según la editorial de este Diario, fue ratificado, en septiembre de 2019, por el presidente de la Junta, y disfrutará del cargo hasta 2022. Puede convocar los plenos ordinarios, pero le niegan la capacidad de convocar los extraordinarios. Bajo su presidencia, según Abc, el escándalo de los ERE arrasó con la neutralidad que rodeaba a la Cámara de Cuentas, porque su dictamen fue mutilado en los apartados más comprometidos para el gobierno de Griñán y se suprimieron párrafos. Lopez no comunicó a la presidencia del Parlamento que su mandato había concluido, lo que era su obligación según el reglamento y no convocó los plenos extraordinarios que debe elegir presidente y vicepresidente. El presidente fue advertido que se hallaba fuera de la legalidad. Lo que parece evidente es que ese organismo debe realizar actuaciones, en algo tan delicado como son las cuentas públicas.
La Cámara de Cuentas no cumple con su labor fiscalizadora porque no se está reuniendo