El Defensor alerta de que Canarias no se puede convertir en un lugar de privación de derechos
El Defensor del Pueblo señala en su informe sobre la crisis migratoria de Canarias las deficiencias que aprecia en la red de acogida y los procedimientos de atención y asilo y también advierte de que “no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación derechos” con el argumento de “evitar el efecto llamada”.
Fernández Marugán cita en este punto “las restricciones a la libre circulación” que sufren solicitantes de asilo e inmigrantes con orden de devolución pendiente de ejecutar que intentan desplazarse al resto de España desde las islas, pero a lo largo de su documento señala problemas e irregularidades en otros muchos ámbitos.
“El sistema de acogida en Canarias, tanto de personas en situación irregular que por distintos motivos no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo, no tiene capacidad para atenderlas en centros residenciales adecuados”, expone el Defensor en el análisis que entregó ayer a las Cortes Generales sobre la crisis migratoria de 2020.
Por ello, cree “imprescindible” que “sin más demora” se exploren en Canarias fórmulas como la de confirmar “por escrito” a los extranjeros que todavía no pueden ser expulsados que su orden de retorno “no se ejecutará temporalmente”, para ayudar a que salgan “de las situaciones de precariedad y marginalidad en la que con frecuencia se encuentran” y gestionar “con racionalidad” la red de acogida.
El problema, relata, no está solo en la llegada masiva de inmigrantes durante 2020, año que es el segundo más alto de la serie histórica en las islas, con 23.023 personas, sino también en el punto de partida: pese a su experiencia en el pasado con este fenómeno, la reactivación de la Ruta Atlántica sorprendió a España con solo 78 plazas de acogida en Canarias.