¿ADÓNDE IRÁN LOS DINEROS?

● La CE fuerza a España a concretar cómo va a revertir la ingente millonada, más allá de la resiliencia y demás grandes palabras

LAS organizaciones, desde las comunidades de propietarios hasta los gobiernos de la nación, deben someter sus decisiones a los presupuestos, o sea, sus planes de ingresos y gastos, que previamente deben haber sido acordados o incluso promulgados como ley, según los casos. La improvisación queda descartada, aunque las circunstancias exijan decisiones inmediatas o urgentes. Esa es la teoría, la ortodoxia. Pero en la práctica, y por ejemplo, los presupuestos del Estado han pasado de un ejecutivo a otro sin que tal traspaso haya tenido mayores consecuencias: el actual Gobierno ha tardado en cambiar el proyecto Montoro dos años, después de dos elecciones, una investidura abortada y un conato fallido de presupuestos propios del vigente Ejecutivo de coalición. No es la primera vez en el periodo democrático en que tal entrega de relevos de los compromisos que guían la gestión del Estado se produce: es la sexta desde 1978. Se prorrogan los números, y tampoco pasa gran cosa: siempre hay vías para adaptar los ingresos y los gastos, las transferencias y las inversiones. Descorazonador, pero nadie dijo que la política ni el ejercicio del poder tuvieran mucho corazón y, peor, que tal negligencia ocasionara gran agravio a quien ejerce el máximo poder gubernativo y, por tanto, económico. Los votantes no saben de PGE; cada día es más relevante –y fugaz– lo menos importante, lo epidérmico e inmediato impera. Los partidos se preocupan de consolidar mayorías suficientes, y a la gente, dicho en corto, le importa un comino todo esto de las cuentas públicas cuando va a votar. Las elecciones periódicas y a todo nivel territorial, por ende, pervierten la gestión pública, entre el aterrizaje en el poder de los ganadores, sus pactos y nombramientos afectos y las siguientes elecciones: eso es lo que hay. El menos malo de los sistemas, ya saben.

Son los bueyes con los que aramos, y no debemos rasgarnos pues las vestiduras –o sí– porque no haya verdadero proyecto y compromiso presupuestario en la llevanza de la res publica, pero sí debemos felicitarnos por tener un sector público donde los técnicos y sus procedimientos administrativos hacen de contrapeso a los tejemanejes de los partidos imperantes entre unas elecciones y otras: en Andalucía veremos chupar cámara ahora sin cesar a los políticos en esta precampaña camuflada; no a los mejores. Sin embargo, sí debemos preocuparnos por cómo se van a aplicar y con qué criterios los fondos de reconstrucción que el país va a recibir por la causa sobrevenida de la pandemia, gratis o a crédito, desde ese exterior-interno que es la UE y su BCE. 140.000 millones ‘imprevistos’, lo cual –comparado por ejemplo con los Presupuestos de 2019– es nada menos que la tercera parte de lo que hubiera sido normal, y por tanto hubiera sido asumible por la economía nacional en una política racional (si eso existe). La UE liberará esa ingente cantidad de emergencia, esperemos, pero la condicionalidad en su aplicación por parte del Gobierno central –que se erige más central que nunca frente a las autonomías– sí va a ser segura. Sostenibilidad, modernización, transición energética, nación emprendedora, digitalización, colaboración público-privada o hasta resiliencia son principios inspiradores de la aplicación del maná salvador en nuestra estructura económica, según la hoja de ruta de nuestro Gobierno que se ha materializado –por así decir– en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero la primera, en la frente: la Comisión Europea ha exigido mayor compromiso presupuestario para la entrega inicial de dinero redentor: qué va a hacer España con los fondos más allá de las grandes palabras. Condicionalidad, bendita condicionalidad.

La UE desconfía de cómo España aplicará los fondos de reconstrucción: pues claro