DISCRIMINAR LAS AYUDAS A EMPRESAS
EN la semana que concluye se ha intensificado la presión de distintos sectores económicos y políticos sobre el Gobierno para que ponga en marcha medidas de apoyo a las empresas que se encuentran en grave situación para su subsistencia. El Ministerio de Economía, justificando que ya se ha gastado en 2020 un 5% del PIB en ayudas a las empresas, y preocupado con el aumento del déficit y la deuda, ha ido aplazando sus decisiones hasta que el presidente Sánchez se vio obligado a anunciar hace unos días un paquete de medidas de apoyo directo a las empresas de 11.000 millones de euros. Al parecer, el Ministerio de Economía tiene ya avanzada la programación de esta iniciativa, que se dividirá en tres fondos. Uno irá destinado a reestructurar parte de los créditos avalados por el ICO, otro fondo se aplicará a recapitalizar empresas de tamaño intermedio y el tercero irá dirigido a empresas (fundamentalmente pymes) afectadas por la caída de ingresos como consecuencias de las restricciones a la actividad establecidas para luchar contra la pandemia. Mientras que los dos primeros fondos los gestionará directa o indirectamente el Ministerio de Economía, el tercero, y de mayor complejidad por el elevado número de potenciales empresas beneficiarias, lo administrarán las comunidades autónomas. Previsiblemente, el paquete de medidas se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana, pero se desconoce la cuantía de cada uno de los fondos y los criterios de distribución del tercero entre las comunidades autónomas.
Por tanto, aunque a lo que reciba por este concepto la Junta de Andalucía se le pueda sumar la parte de los 2.000 millones que reciban las CCAA del fondo europeo React EU y posibles reasignaciones presupuestarias propias, la cuantía es muy reducida para hacer frente a las potenciales demandas de las empresas, pues sólo para hostelería y comercio las patronales nacionales reclaman 12.500 millones de euros para superar la crisis. No obstante, el Gobierno autonómico dispondrá de una capacidad de financiación considerable que debe aplicar con eficiencia para mantener el máximo posible del tejido productivo regional y favorecer una reorientación de productiva. Para ello, los criterios de selección de las empresas deberían cumplir las siguientes exigencias: 1) Ser viables, 2) Necesitar efectivamente la ayuda pública para su supervivencia y 3) Generar efectos positivos no sólo para la empresa receptora de la ayuda, sino también para la economía regional.
Una política selectiva como la referida es compleja de implementar porque requiere análisis individuales de las empresas, para los que la maquinaria administrativa autonómica no está acostumbrada y tiene escasa f lexibilidad adaptativa, y porque el ámbito político es reactivo a la discriminación (aunque los efectos indirectos de la mayoría de las políticas lo son). Por ello, la tendencia (y reclamación patronal) es distribuir las ayudas entre los sectores más afectados por la pandemia o con mayor capacidad de presión social (hotelería, restauración, comercio), lo que plantea diversas ineficiencias o despilfarros potenciales: no atendería a otras actividades o empresas tanto o más necesitadas y viables, las ayudas podrían aplicarse a empresas que pueden cerrar a pesar de la ayuda, o podrían recibirlas empresas para las que la ayuda no es vital. En cualquier caso, las ayudas a sectores como los referidos tendrían que ser de escasa entidad teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, por lo que más que resolver problemas sustantivos de las empresas cumplirían con la formalidad de que la acción política no ha sido ajena a las necesidades empresariales.
Es por ello por lo que vengo planteando en otros artículos en estas mismas páginas que las políticas de ayudas se apliquen a empresas con independencia del sector al que pertenezcan para asegurar su eficiencia y eficacia y, dada la posible dificultad de la Administración regional para implementar una política como la enunciada, lo primero que debe señalarse es que esa limitación no es absoluta, pues en la Administración autónoma y en las agencias especializadas trabajan profesionales altamente cualificados que podrían desempeñar estas funciones si se les libera e incentiva para ello. Adicionalmente, pueden contratarse los servicios de consultoras y/o profesores universitarios con especializaciones adecuadas para que colaboren en estas tareas, para lo que la política de ayudas debe estar concreta y claramente especificada desde la dirección político-económica, distribuirse al azar las empresas a evaluar entre los analistas y asegurar el carácter anónimo de las empresas analizadas.
El Gobierno autonómico tendrá una capacidad de financiación considerable que debe aplicar con eficiencia para mantener el tejido productivo y favorecer una reorientación productiva