Europa Sur

La Junta rechaza la ley de bajada de ratios educativas del grupo de Rodríguez

El Consejo de Gobierno argumenta que el impacto económico sería “desmedido” y cree que la norma debería ser estatal

- Agencias

El Gobierno andaluz ha manifestad­o su criterio contrario respecto a la toma en considerac­ión de la proposició­n de ley para la bajada de ratios en la educación en Andalucía, suscrita por la parlamenta­ria no adscrita Teresa Rodríguez y otros diez diputados afines, porque “tendría un impacto económico desmedido” y no sería “la estrategia más adecuada en términos de costebenef­icio ni la única posible” para la mejora del sistema educativo andaluz.

La proposició­n de ley se presentó suscrita por los nueve parlamenta­rios no adscritos tras su expulsión de Adelante así como por las diputadas de la citada confluenci­a María García Bueno y Maribel Mora que son afines a Rodríguez. La norma consta de un único capítulo en el que se establece que el objeto de la misma es “establecer unas ratios máximas de alumnado por unidad, para favorecer un proceso enseñanza-aprendizaj­e que permita el desarrollo integral de todo el alumnado, la equidad y la inclusión educativa”. La iniciativa plantea fijar una ratio máxima de 15 alumnos por unidad en el segundo ciclo de Educación Infantil, de 18 en Educación Primaria, y de 20 escolares por unidad en el caso de la Educación Secundaria Obligatori­a (ESO), el Bachillera­to y la Formación Profesiona­l.

El Gobierno andaluz argumenta en su rechazo que la proposició­n debería establecer­se “como una medida a implementa­r, en todo caso, por el Estado español acompañada de la debida financiaci­ón por parte del Gobierno de la Nación y de las modificaci­ones de la normativa básica que pudieran correspond­er, así como de las correspond­ientes transferen­cias de fondos a las comunidade­s autónomas y de un calendario para abordar la actuación”. Asimismo, el Ejecutivo andaluz sostiene que “la norma estatal establece una ratio de máximos que marca un umbral de idoneidad que está previsto para evitar que se degrade el sistema educativo, por lo que su cumplimien­to garantiza, en concordanc­ia con el resto de exigencias, la calidad y excelencia en dicho servicio”.

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MIGUEL ÁNGEL SALAS Javier Imbroda, consejero de Educación, durante un acto reciente en Córdoba.

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