NUEVE AÑOS DE RETRASO CON INTERESES
EL tira y afloja entre PSOE y PP a cuenta de la renovación de órganos constitucionales fundamentales se ha impregnado definitivamente del desgaste institucional que acarrea y Pablo Casado ha descolocado a Sánchez con una mano tendida que en un principio rehusó el presidente del Gobierno porque entre los dedos del líder del PP se le escurría la decisiva remodelación del CGPJ.
Sánchez tenía asumido que el PP iba a agotar la legislatura sin acometer la renovación del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, que acumulan un total de nueve años de retraso en la designación de todos o parte (como el TC) de sus miembros.
El Gobierno no tiene apenas margen de maniobra y Sánchez siempre ha hecho oídos sordos de las presiones de sus socios morados para que cambie la ley y rebaje las mayorías necesarias para renovar las instituciones y ha apelado sin descanso al deber de cumplir con la Constitución asumiendo el resultado electoral, digiriendo que está en minoría, y que desde esa posición participe de la regeneración institucional.
Por eso es comprensible que ayer le diera una respuesta evasiva a Casado en la sesión de control cuando el líder del PP le mostró su sorprendente disposición a negociar el nuevo reparto de cromos... salvo en el Poder Judicial. “Mi compromiso es renovar todos (ese todos se refería al CGPJ, coto vedado por el PP para la negociación) los órganos constitucionales”, le espetó al líder del PP el presidente del Gobierno, como aturdido ante una irresistible oferta que no se esperaba; aunque su falta de ref lejos fue reconducida de inmediato por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se mostraba “encantado” de que el PP quiera ahora acercar posiciones y renovar no uno sino el conjunto de los órganos constitucionales cuyo plazo ha vencido.
El que lleva más tiempo pendiente es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017. También está pendiente la renovación de un tercio del TC, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. Y los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas concluyeron en julio su mandato de nueve años.
La renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, sigue aparcada entre el afán legalista del Gobierno, que apela a la normativa vigente, y el ventajista del PP, que exige que los jueces (la mayoría son conservadores) y no los políticos hagan el reparto apelando a una independencia judicial de la que no se acordó cuando tenía mayoría en el Congreso y pudo reformar el sistema de elección.
En todo caso, menos es nada.