El bono joven de alquiler empezará a funcionar el próximo 1 de enero
● El Gobierno calcula que más de 70.000 jóvenes se beneficiarán de la ayuda ● El plan de vivienda activará un parque de más de 100.000 pisos sociales arrendables esta década
El bono joven de ayuda al alquiler entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2022 y podrán percibirlo cada uno de los jóvenes que comparta una misma vivienda, siempre que cumpla los requisitos de tener entre 18 y 35 años y cobrar un salario inferior a tres veces el Iprem.
Así lo indicó ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la presentación de los presupuestos de su departamento, en la que calculó que más de 70.000 jóvenes se beneficiarán de la nueva ayuda.
Sánchez apuntó que, dado que la previsión es que el bono joven “entre en vigor y en funcionamiento el 1 de enero”, para entonces estará “toda la letra pequeña aclarada”, y confirmó que estas ayudas, de 250 euros mensuales, se concederán por unidades de convivencia.
Fuentes del ministerio han explicado a Efe que lo más probable es que sea un real decreto el que habilite en las próximas semanas el bono joven, consignado en los Presupuestos Generales del Estado con 200 millones de euros.
Raquel Sánchez destacó que los 3.290 millones de euros previstos en los Presupuestos para vivienda, casi un 50% más que en el Presupuesto en vigor, suponen “la mayor partida de la historia” y un “cambio de orden de magnitud que multiplica por siete el presupuesto heredado en 2018”.
De ellos, 1.389 millones se destinan a un programa de recuperación social y económica en entornos residenciales, que incluye la rehabilitación a gran escala.
Otros 663 millones son para el plan de vivienda en alquiler asequible; 600 millones para rehabilitación sostenible y digitalización de edificios de la administración publica (comunidades y entidades locales); 432 millones para el plan estatal de vivienda (2022-2025); 200 millones para el bono joven y 25 millones para rehabilitación arquitectónica.
El plan de vivienda en alquiler supondrá activar un parque de más de 100.000 pisos sociales en esta década, según fuentes del Ministerio de Transportes, de las cuales la mitad serán de promoción pública –20.000 se pondrán en marcha en 2022 con los fondos europeos–, 15.000 serán puestas a disposición por la Sareb, otras 11.000 procederán de entidades bancarias (fondo social bancario) y 30.000 podrían ser cedidas por grandes fondos en el marco del acuerdo que negocia desde hace meses el Ejecutivo.
El presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana supera los 19.000 millones de euros, de los que 16.286 irán directos a inversión, un 17% por encima del presupuesto vigente, y permitirán generar 350.000 empleos.
Del Presupuesto total, 6.500 millones serán inversiones financiadas por los fondos europeos de recuperación, lo que permitirá acelerar el desarrollo de los tres ejes capitales en las políticas del ministerio: vivienda (2.500 millones), movilidad (2.273 millones) y descarbonización de las ciudades (1.740 millones).
Sánchez también subrayó que más de 3.600 millones de su Presupuesto serán transferidos a comunidades y ayuntamientos.
La ministra señaló además que la ley de vivienda, que llevará al Consejo de Ministros el 26 de octubre, tendrá que pasar por una tramitación parlamentaria en la que espera que se abra la negociación con el resto de partidos políticos y sea “una ley de todos”.