Huelga de togas
● Los integrantes del tercer poder del Estado vienen sufriendo desde hace décadas el abandono de gobiernos y legislativos
LA semana entrante será decisiva para saber si los juzgados españoles se paralizan de forma indefinida a partir del 16 de mayo por la convocatoria de huelga promovida por las principales asociaciones de jueces y fiscales. Hace años –mejor dicho, décadas– que los integrantes del tercer poder del Estado sufren un abandono por parte de los gobiernos y legislativos que se han venido sucediendo. El día 3, miércoles, están convocadas para entenderse todas las partes implicadas, pero los togados no están dispuestos de ninguna de las maneras a que les vuelvan a dar cuatro capotazos y regrese usted mañana.
Hace 20 años que no se actualizan las retribuciones de jueces y fiscales conforme a la ley específica que regula la materia, la cual recoge que cada lustro se constituirá una comisión con los ministerios de Justicia y Hacienda para tratar sobre la materia. Los salarios no han subido, pero sí la carga de trabajo, y no solo para jueces y fiscales, sino para el conjunto de los funcionarios de justicia, que desde el 17 de abril llevan a cabo paros parciales de tres horas diarias en demanda también de mejoras retributivas
Basta con echar una vistazo a la Memoria del TSJA para hacerse una idea de la situación
y de mejores condiciones laborales. La imagen de la ministra Pilar Llop, tomando conciencia del problema vestida de gitana en la Feria de Sevilla, no ha ayudado mucho a que se relajen las reivindicaciones.
Para hacerse una ligera idea de la situación que los jueces y fiscales viven y padecen en el Campo de Gibraltar, basta echar una vistazo a la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referente a 2022, expuesta el pasado viernes por David Fernández Vega en Europa Sur.
A grandes rasgos, dicho informe deja constancia de la sobrecarga de trabajo que soportan la práctica totalidad de los órganos judiciales de la comarca, desde la Sección 7ª de la Audiencia de Algeciras a cualquiera de los juzgados mixtos de La Línea y San Roque, pasando por el de Violencia sobre la Mujer, el de lo Contencioso-administrativo, Menores, de lo Social, Primera Instancia o Instrucción.
Que le pregunten por la situación al fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, por las horas extra impagadas que echa en su despacho y en casa. O también a Macarena Arroyo, fiscal delegada Antidroga en el Campo de Gibraltar, quien con el traslado de Alfredo Blanes a Málaga pierde a uno de sus puntales en la lucha contra las mafias del Estrecho. O al nuevo decano de Algeciras, Jerónimo García San Martín, cuya oficina tramita una veintena de macrocausas vinculadas al narcotráfico –suya fue la instrucción contra los 157 miembros de los Castañas, por ejemplo– y a quien, para colmo de males, le han asignado interinamente el Juzgado de Instrucción nº1, a la espera del nombramiento de un juez titular. O a cualquiera de los jueces y fiscales que echan guardias semanales, a razón de 2 euros la hora.
La lista de demandas es interminable, aunque entre ellas destaca también que un juez o un fiscal de Algeciras –pese a la trascendencia de los asuntos que instruye– cobre menos que un colega suyo destinado en Albacete, en San Cristóbal de La Laguna o en Hospitalet por pertenecer a una categoría inferior, en función de baremos que no se revisan desde que Moisés portó las tablas de la ley.
Más le vale pensar al Gobierno la que se le puede venir encima, en plena campaña electoral, si se paralizan los procedimientos judiciales, algunos de ellos contra los clanes de la droga, y las reducciones de condena a las que se deberá hacer frente en su momento por las dilaciones indebidas que la huelga generaría en los procedimientos abiertos. En definitiva, se avecina un caos que servirá para hacer aún más estrecho el cuello de botella de la Justicia. La propaganda en torno al Plan Especial para el Campo de Gibraltar está llegando a su fin.
La propaganda sobre el Plan Especial para el Campo de Gibraltar está llegando a su fin