La mirada de MEDUSA
Casi 1.000 personas han muerto en España desde el 2003 (inicio registro) a causa de su género, casi 1.000 mujeres que hoy podrían estar vivas si sus parejas, aquellos que un día les juraron amor eterno, no les hubieran arrebatado la vida. Todo número mayor que 0 resulta absolutamente insoportable para una sociedad democrática que defiende la igualdad entre personas, independientemente de su edad, raza, sexo o condición sexual, un número escandaloso que ha permitido que todos los partidos sin excepción hayan alcanzado uno de los pocos pactos de estado de las últimas legislaturas: el pacto contra la violencia de género.
El primer reto al que nos enfrentamos es ser conscientes de la tacha que aun hoy en día supone hacer público un asunto que se suponía privado hace una década. El terror que padecen las mujeres maltratadas no distingue entre ricas y pobres, la creencia que una mujer es tuya y puedes subyugarla y dominarla, tampoco entre cultivados y analfabetos, porque la violencia de género no es una cuestión socio económica, sino cultural. Así que vencer la barrera del silencio y el estigma de víctima que se tatúa en la piel, son fundamentales para que cualquier persona grite desgarradoramente cuando padece o ve un caso de violencia machista. En este sentido, acciones mundiales como el #Metoo o #Beatme resultan un ejercicio de pedagogía de lo más valioso para la lucha por la igualdad y contra la violencia, porque evidencian que cualquier mujer, cualquiera, puede llegar a convertirse en víctima en manos de un verdugo.
Pero no podemos pedirles que sean valientes y después abandonarlas sin protección ni garantías. El Estado debe tejer una red de confianza con la mujer victima de maltrato del mismo modo que un enfermo sabe que tiene todo un sistema sanitario que le va a curar, sin prejuicios. Ahora no siempre ocurre. No existen protocolos suficientemente institucionalizados y conocidos que garanticen un contrato de confianza y protección para las mujeres. La filtración de la identidad de la víctima de La Manada fue un caso paradigmático de fallo en los protocolos de protección, un error imperdonable que hizo que su intimidad fuera publicada y vilipendiada por innombrables. El pacto contra la violencia de género prevé que los centros de atención primaria constituyan una red de respuesta rápida. Pero además, se deben extender de manera omnipresente en el Estado, planes de atención e inserción laboral que permitan a mujeres víctimas de la violencia de género un futuro sin miedo, un presente en paz.
Para que todo el engranaje público funcione es imprescindible la formación en igualdad, pero no solo durante la educación reglada de los y las jóvenes, sino la formación obligatoria de todos los agentes sociales, de seguridad, sanitarios, judiciales, educativos que conforman el Estado. De lo contrario, una mujer puede vencer al miedo y tener confianza en las instituciones, pero si no es correspondida, si el Estado o la opinión pública la cuestiona y no la protege, se echan por tierra décadas de lucha por la igualdad. Son muchos los ejemplos de las lagunas que permiten a maltratadores y asesinos perpetuar la barbarie; uno de los más recientes, el caso de Castellón, donde el pasado mes de septiembre fueron asesinadas dos niñas a manos de su padre con el único objetivo de martirizar a su madre, quien había solicitado medidas de protección que fueron rechazadas por la juez titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer. Este caso, como la sentencia de La Manada, enfrenta a la opinión pública con el poder judicial y evidencia la necesidad imperial de la formación y sensibilización por parte de todo el engranaje institucional.
En Te doy mis ojos (2003) Icíar Bollaín nos presenta a Pilar, una mujer que decide huir tras asumir que el amor no puede doler. La directora demuestra en esta película cómo la indiferencia y la normalización suponen el entorno ideal en el que la violencia machista se propaga como un virus. Quince años después tenemos un pacto contra la violencia de género que asume legislativamente cada uno de los puntos que se han descrito. Sin embargo, sin los recursos económicos suficientes y sin la voluntad acérrima de la sociedad en su conjunto la violencia continuará reproduciéndose. Solo en el 2017 fueron 48 mujeres que dejaron 27 huérfanos y 8 niños, y cada nombre es una herida que hace sangrar a nuestra democracia.