El juez del caso Agreda descarta practicar más averiguaciones
El juez encargado de la instrucción del caso Agreda –donde se investiga la venta del edificio municipal a una organización extranjera– ha avanzado ya una posible finalización inminente de esta causa, al señalar en un auto fechado el pasado 12 de julio que la instrucción está en un “tramo excepcional y postrero”. Este es uno de los argumentos esgrimidos para rechazar la práctica de todas las nuevas averiguaciones propuestas por las acusaciones populares a lo largo de los últimos meses.
El titular del Juzgado de Instrucción 9 de la capital granadina, José Luis Ruiz Martínez, acaba de dictar un auto en el que desestima de una sola tacada seis recursos de reforma, tres blo- ques de peticiones para emprender nuevas diligencias de investigación, además de otra larga lista de escritos y alegaciones de las dos acusaciones populares personadas en la causa (la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez y el empresario Ramón Arenas). Todas estas iniciativas han ido llegando al Juzgado desde marzo de este año y ahora se han resuelto formalmente con el auto del 12 de julio.
Esta situación, en la que el juez rechaza de plano todas las propuestas de las acusaciones, se produce en un contexto de mucho malestar entre esas partes citadas por el desarrollo de este caso casi desde el inicio. El magistrado archivó este asunto –en el que están investigados el exalcalde José Torres Hurtado, la exconcejal Isabel Nieto y varios técnicos municipales– en 2016, a los pocos meses de iniciarse por una querella de la Fiscalía. Pero en 2017 la Audiencia Provincial estimó el recurso de una de las acusaciones populares y obligó al magistrado a reabrir la investigación, al considerar que había suficientes indicios de delito para continuar.
Las acusaciones mantienen un pulso con el magistrado instructor desde entonces, pues consideran que hay dudas sobre su imparcialidad. Propusieron su recusación y ésta fue rechazada, pero esa resolución no fue notificada hasta muchos meses después a las partes, en lo que consideraron una irregularidad que les causaba indefensión.
Uno de los momentos más álgidos de esta situación de conflicto fue cuando, el pasado mayo, el abogado de la concejal Marta Gutiérrez, Carlos Castresana (que fue fiscal anticorrupción español), envió un escrito a la Audiencia Provincial de Granada que era un misil contra algunos de los principales cargos judiciales de esta provincia, a propósito de lo que estaba ocurriendo en este caso. El letrado denunciaba una serie de conexiones entre el mundo judicial y político que podrían derivar en “trato de favor” a personas del Partido Popular investigadas.
Las supuestas “vinculaciones personales, familiares y/o de negocio” que este letrado pedía que se investigaran afectan a uno de los presidentes de sala de este órgano, a la Fiscalía Superior de Andalucía, al juez instructor del caso Agreda, a renombrados letrados de esta ciudad y a políticos del Partido Popular. Las quejas contra esta situación y la tramitación llevada a cabo por el juez podrían llegar al Consejo General del Poder Judicial, según fuentes del caso.
El magistrado, que tuvo que reabrir la causa en 2017 por orden de la Audiencia, desestima ahora todas las peticiones de las acusaciones