Un juez frena las deportaciones de familias
Un juez estadounidense ordenó ayer a la Administración Trump que cese temporalmente las deportaciones de familias que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México como consecuencia de la política de “tolerancia cero”. Tras una petición presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para evitar “deportacio- nes en masa”, el juez Dana Sabraw instó al Gobierno a no expulsar del país a ninguna de estas familias durante la próxima semana para que decidan si piden asilo político.
El grupo de derechos civiles, que presentó la demanda que llevó al juez a ordenar la reunificación familia en junio pasado, asegura que hay “persistentes” rumores que indican que el Gobierno da incluso unas “pocas horas” a los padres para que decidan si regresan a sus países de origen o inician un largo proceso judicial. Por ello, estiman oportuno, y Sabraw les dio la razón, que se de una semana para tomar una decisión “extremadamente compleja”.
El magistrado dio al Gobierno hasta el día 23 para responder a las cuestiones planteadas por ACLU y decidió que hasta entonces no deberán deportar a ningún indocumentado que haya si- do separado de sus hijos en la frontera. ACLU señala en su petición que la decisión es ahora más complicada después de que el Departamento de Justicia anunciase el 11 de junio pasado que “no serán elegibles para el asilo” los inmigrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas, motivos frecuentemente alegados por los centroamericanos.
Ante esta nueva directriz, esta organización estima que los indo- cumentados necesitan tiempo suficiente para tomar una decisión “informada” y “sin presiones”.
Por orden del propio Sabraw, la Administración se apresura estos días para cumplir el plazo establecido para el próximo día 26 por el propio magistrado de San Diego de devolver a sus padres a los cerca de 3.000 menores que el Gobierno separó como consecuencia de su “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal. El pasado martes se cumplió la primera parte de este plazo, en el que el Gobierno debía entregar a sus padres a 103 menores de 5 años.