BLINDAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Presidente de Unicef Comité Andalucía
EL 30 de marzo el Parlamento de Andalucía aprobaba por unanimidad la creación de una comisión permanente no legislativa sobre políticas para la protección de la infancia en Andalucía. Culminaba un camino iniciado un año y medio atrás, en el que Unicef Comité Andalucía, junto a otras organizaciones, ha defendido la necesidad de contar en la Cámara con un instrumento para el control y orientación de las políticas de infancia de manera integral y transversal. En Unicef trabajamos para que la infancia sea una prioridad en la acción de los gobiernos, ya sea central, autonómico o local.
Algunas de las cuestiones que deberá abordar la comisión son prioritarias. Nos mantenemos a la cola de España en índice de pobreza y exclusión social de la infancia. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para 2016, el 46,9% de los menores de 18 años de nuestra comunidad autónoma se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, (tasa Arope). Solo el 1,2% menos que el año anterior. Aunque supone que cerca de 25.000 niños y niñas andaluces han salido de la zona de riesgo, aún quedan 760.000 niños en riesgo de pobreza o exclusión social.
Las cifras son necesarias para conocer de forma rigurosa la situación de la infancia y poder tomar medidas para su protección efectiva. El fenómeno de la pobreza y la exclusión contiene matices que van más allá del mero dato de la renta disponible de cada hogar. Es necesario dimensionar la situación en su conjunto, teniendo en cuenta a los que “no llegan” por su baja renta y a aquellos que, sin estar en situación de pobreza severa, están en riesgo evidente de caer en ella.
La tasa Arope, (tasa europea para la me- dición estadística de la pobreza) tiene en cuenta la tasa de riesgo de pobreza e incluye otros índices, como la carencia material severa (hogares que no pueden hacer frente a determinadas situaciones, como afrontar el pago de la vivienda o gastos imprevistos, mantener una temperatura adecuada en el hogar, etc.) y que afecta al 9% de los hogares de Andalucía frente al 7,1% de la media nacional,
En cuanto a la brecha de desigualdad que existe entre lo que ganan los más ricos y los más pobres, en 2016, en Andalucía, la población infantil más rica tenía 7,9 veces más riqueza que la más pobre. Estamos solo un poco “mejor” que la media estatal, situada en el 8,1. Y a más brecha, mayor desigualdad.
Atendamos a todos los indicadores para orientar adecuadamente nuestras políticas públicas no sólo hacia lo paliativo, sino también hacia lo preventivo. La reducción de las desigualdades en el bienestar infantil debe pasar por medidas que aborden las desigualdades socioeconómicas en un sentido amplio, que apuesten por proteger los ingresos de los hogares con menos recursos, pero también por reducir la brecha educativa y promover estilos de vida saludables para toda la infancia.
Una oportunidad para revertir las condiciones de pobreza, exclusión y desigualdades de nuestra infancia, fue el nacimiento de la Alianza andaluza de lucha contra la pobreza infantil, en 2015, iniciativa de la administración andaluza que involucraba a entidades sociales, ONG, empresas, etc. Lamentablemente, dos años después, se encuentra en punto muerto, sin resultados concretos directamente atribuibles a su iniciativa.
Encontrar evidencias que nos permitan orientar nuestras políticas públicas hacia el bienestar de nuestros niños y niñas y si estamos alcanzando los objetivos marcados, nos lleva a insistir en la importancia de los mecanismos de evaluación y seguimiento. ¿Cuáles han sido los avances del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020, un año después de su aprobación?
Es un momento clave para el despegue (o no) de las políticas de infancia en nuestra comunidad. Una nueva ley de infancia y adolescencia para Andalucía está en ciernes. El proceso andaluz ha incorporado como aspecto positivo la participación infantil pero será fundamental conocer su dotación presupuestaria y su peso respecto al presupuesto de nuestra comunidad autónoma. El presupuesto materializa las prioridades políticas. Por mucha importancia que los gobiernos den en su discurso o legislación a los derechos de la infancia, no destinar recursos suficientes significa que no se consideran prioridad real.
La inclusión social comienza por los niños y las niñas y por lo tanto una adecuada y sostenida inversión en la infancia es condición indispensable para luchar contra la pobreza y la exclusión. Estamos en un momento clave, aprovechémoslo.
Nos mantenemos a la cola de España en índice de pobreza y exclusión social de la infancia. En 2016, la población infantil más rica tenía 7,9 veces más riqueza que la más pobre