El uso social de los bajos en Santa Adela provoca un roce con PP y C’s
La portavoz de la plataforma reprocha a los partidos que no apoyen la declaración para que los jóvenes tengan espacios
Lo que estaba siendo una tranquila mañana en la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Granada acabó con un inesperado cruce de acusaciones entre la portavoz de la plataforma de Santa Adela con los representantes del Partido Popular y Ciudadanos. La polémica llegó a cuenta de la declaración institucional promovida por los vecinos de la barriada, que ayer se debatió en el salón de plenos del Consistorio, para que los locales comerciales que se van a crear con la finalización de las obras de la segunda fase.
Al término de la comisión, una de las portavoces de la plataforma de Santa Adela, Mari Carmen Ariza, irrumpió en las dependencias municipales pidiendo explicaciones de por qué el Partido Popular y Ciudadanos estaban en contra de la declaración institucional, algo que no sucedió como tal durante la sesión, a que Ariza no asistió, pero a la que le había llegado la información. Antonio Granados (PP) y Manuel Olivares (C’s) reprocharon a Ariza que estaba siendo “manipulada” porque ninguno de estos grupos se negó a apoyar esa declaración, si no que pidieron la realización de informes para que la petición vecinal estuviera sujeta a criterios técnicos.
El cruce de acusaciones tiene origen en la solicitud de los vecinos de la barriada de Santa Adela para destinar a uso social, más en concreto para los jóvenes, los locales comerciales resultantes de la construcción del edificio de la tercera fase. Una declaración institucional que será estudiada por la corporación municipal debido a que, para la consecución de las pretensiones de los vecinos, deben darse una serie de requisitos.
El primero y fundamental, esperar a la cuenta de resultados final de la obra. Solo si la actuación genera beneficios, los corporativos podrán estudiar cómo los locales comerciales pueden destinarse a fines sociales. Y esto siempre teniendo en cuenta de que la rehabilitación de Santa Adela está sujeta a un convenio entre las tres administraciones (Gobierno central, Junta y Ayuntamiento), además de la aportación de los vecinos. Un supuesto beneficio tendría que ser repartido entre todas las partes, de ahí que para llevar a cabo la declaración deba existir una negociación. Por el contrario, si la liquidación final de la obra arroja saldo negativo, los locales tendrán que ser vendidos para recuperar la inversión realizada, y más teniendo en cuenta que aún quedan varias fases y subfases más que rehabilitar.
Estas conclusiones están avaladas por un informe del interventor municipal, que supedita cualquier actuación sobre esos locales (que además puso el Ayuntamiento como parte de la intervención en la barriada) a la cuenta final de la obra del edificio que se construye en Poeta Gracián.