Un director general afirma que “nunca” hubo la más mínima sospecha de las ayudas de los ERE
Fernando Toscano destaca que las direcciones generales tenían “plena autonomía” en su actuación
El que fuera director general de Economía Social en la Consejería de Empleo de la Junta entre los años 2000 y 2005 Fernando Toscano Sánchez aseguró ayer en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE que “nunca” hubo la más mínima sospecha del programa de ayudas que se pagaba a través del IFA/IDEA. El testigo, que es hermano del subdelegado del Gobierno en Sevilla y del alcalde de Dos Hermanas, explicó que la “iniciativa política” correspondía al viceconsejero y al consejero de Empleo, quienes “querían saber la marcha de la consejería, pero en el detalle no entraban nunca”, señalando en este sentido que ni el entonces director general de Trabajo Javier Guerrero ni ningún otro director general informaba de las “ayudas concretas” en los consejos de dirección que se celebraban semanalmente, más allá de comentar algún conflicto importante como el del sector minero”.
También subrayó que era de conocimiento general que había un programa de ayudas que se pagaban por el IFA/IDEA y ha insistido en que las direcciones generales tenían “plena autonomía” para desarrollar los programas y actuaban en un “ámbito de confianza”, por lo que “no había que dar cuentas”. “No ha habido nunca la más mínima sospecha de ese programa ni de ningún otro”, agregó.
Preguntado sobre si en alguna ocasión tuvo conocimiento de unas eventuales irregularidades relacionadas con estos programas, afirmó que “nunca hubo ese comentario ni lo ha percibido ni dentro ni fuera del consejo de di- rección”. “Había un clima de total confianza en el que todos hacían lo que tenían que hacer”, puntualizó.
Toscano aseveró que “nunca” un consejero le ha “pedido cuentas de una subvención que se ha dado” y también negó haber recibido “instrucciones concretas para que resolviera un tema de una manera determinada”, comentó el testigo, que tampoco vio que esas instrucciones se dieran a otro director general, precisó.
Otro de los testigos, Francisco Javier Romero Álvarez, que fue consejero de la Cámara de Cuentas entre 1996 y 2004, dijo que no recuerda el programa concreto de la partida 31L por la que se abonaban las ayudas y añadió que los trabajos realizados de forma anual sobre la cuenta general de la Junta habrían detectado alguna irregularidad que se produjera en los programas presupuestarios.