La Fiscalía investiga al portavoz de C’s en Sevilla por malversación
Se analizan contratos de “falsos autónomos”, gastos “desmesurados” y facturas a cargo de la Diputación
La Fiscalía de Sevilla ha abierto unas diligencias de investigación para analizar la denuncia por delitos de malversación de caudales públicos y financiación irregular de partidos al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y en la Diputación de Sevilla, Javier Millán. La denuncia ha sido presentada por el ex portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Camas Juan José Jurado, actualmente concejal de libre adscripción, que representa a unos 14 ediles no adscritos de la provincia, quienes atribuyen a Javier Millán una serie de “irregularidades en el uso de fondos públicos, presuntamente en el contexto de la malversación de caudales públicos”.
La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, comienza explicando que en 2015 Ciudadanos impuso a sus cargos públicos un protocolo de apertura de cuen- tas y unas instrucciones presupuestarias y contables con la “finalidad de compeler el uso de los fondos públicos desde directrices del partido presuntamente ajeno al artículo 73.3 de la ley de bases de Régimen Local y a la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos”. En ese protocolo se conminaba a la apertura de dos cuentas en el Banco Popular: una en una oficina de Madrid y otra en la localidad de cada formación.
El modus operandi consiste en que los ingresos públicos se integran en la cuenta de Madrid y desde esa cuenta se transfiere “sólo el 70% de cada ingreso mensual a la cuenta de pagos, acumulándose el 30% de todos los periodos” en la cuenta nacional de la formación.
Dice el denunciante que en el supuesto del grupo de C’s en la Diputación, del que es responsable Javier Millán, se ha operado desde su cuenta de gastos y se han llevado a cabo una serie de “irregularidades”, entre las que destaca la contratación laboral de un asesor con las asignaciones económicas del grupo, desde octubre de 2015 a marzo de 2017, “careciendo éste de personalidad jurídica para la contratación de personal y contraviniendo el art. 73.3 de la ley de bases de Régimen Local, donde se deja claro en su precepto la imposibilidad de contratación de personal”.
De esta contratación, el denunciante infiere un “fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria en las obligaciones y deducciones de los rendimiento por trabajo en las sucesivas nóminas de la persona contratada en calidad de asesor”. Pero es que además, según la denuncia, cuando esta persona es despedida en marzo de 2017 “se le invita a seguir trabajando induciendo a un falso autónomo hasta el 31 de mayo de 2017, donde se disuelve cualquier tipo de relación contractual” con este asesor, quien llevó el cese a los tribunales y se acordó entre las partes la improcedencia por despido y el pago de una indemnización “asumida y abonada” por el grupo de la formación naranja en la Diputación.
También se denuncia la contratación de dos asesores externos, uno jurídico y otro urbanístico como “falsos autónomos” con “una presunta malversación de fondos públicos, ya que se imputaban los gastos al grupo C’s en la Diputación de Sevilla y, sin embargo, el trabajo era realizado para el grupo municipal de Ciudadanos Sevilla en otra institución diferente, en concreto, en el grupo municipal del Ayuntamiento hispalense”, señala el denunciante.
Junto a estas supuestas irregularidades, advierten otras tantas en el capítulo de gastos corrientes, donde sostienen que se hay “facturas imputadas a los gastos del grupo Ciudadanos en la Diputación de Sevilla que han sido pagadas con la cuenta de este grupo; sin embargo, el objeto fue ajeno al de su funcionamiento”.