LA APROPIACIÓN DE LA LENGUA
LA vicepresidenta del Gobierno, feminista radical, que antes fue consejera de Cultura en Andalucía, ha encargado a la Real Academia Española (1713) un informe sobre “la adecuación” de la Constitución a un lenguaje “inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres”.
Actualmente –¿se ha tomado en cuenta?– además de la española existen 21 academias más en Filipinas y en América. En Bogotá se organizó la segunda (1871) y la tercera en Quito (1875).
Según el Instituto Cervantes, 572 millones personas hablan castellano (el gallego, idioma cooficial en España también es español, tanto como un nativo de Galicia). Sólo 46 millones de hispanohablantes son europeos. También hay en Guinea Ecuatorial y en Filipinas. En Estados Unidos 50 millones lo hablan; otro tanto lo estudian en Brasil. Por la extensión y las singularidades geográficas históricas y culturales, en América, la lengua está en plena ebullición porque todo, desde hace pocos siglos, se está haciendo. Basta leer los clásicos hispanoamericanos o viajar por ese continente. Se constata que hasta en el rincón más remoto, un cordobés puede comunicarse fácilmente en castellano con cualquier persona.
Este milagro no sucede con el portugués ni con el inglés. Un lisboeta no goza de esta facilidad cuando visita Salvador de Bahía, tampoco un yankee en Gales o en Nigeria, ni un francés en Haití o en Congo. El castellano es un bien cultural importante para la economía.
Tanto como la cultura, los idiomas son productos colectivos nunca concluidos, heredados por la sociedad, que no admiten prohibiciones porque no tienen dueño. Sin embargo, el Estado y los gobiernos, además de adjudicarles un significado político funcional y utilitario, indirectamente se los apropia según su conveniencia. Así se está comportando el nacionalismo catalán:
En todos los rótulos y señales de Cataluña, el castellano está prohibido. Los niños inmigrantes están obligados a estudiar en la escuela y hasta a jugar hablando catalán. Lo inclusivo se lo ha convertido en exclusivo. Es una extraña forma de apropiación política excluyente por parte de la Generalitat del patrimonio de todos, autorizada y tolera- da por los partidos políticos que han accedido al Gobierno central (transferencia de competencias) cuya vicepresidenta, ahora está empeñada en que el castellano peninsular pierda ef icacia, espontaneidad, brevedad y se aleje del sentido común: para decir lo mismo, tendrá que emplear más palabras de las usadas por el pueblo, por la gente en todo el mundo. Se estaría tomando la primera iniciativa para la disgregación de la unidad lingüística vigente, porque las academias nacionales no han sido consultadas.
Otra forma i ncómoda, no sólo de apropiación sino de privatización del idioma es la empleada por la publicidad en tanto intermediaria de las empresas con capital globalizado y el inglés convertido en lengua franca. José María Íñigo en su programa ¡Hablemos español, leches!, denunciaba el absurdo e innecesario abuso de los extranjerismos entre nosotros. Gracias a este legado, se siguen transmitiendo sorpresas desconcertantes, sin merecer respuesta de los académicos, todavía.
Las autoridades y los políticos sobre este tema de higiene estética y lingüística, callan. Frente a esta agresiva e incómoda situación, no tendrían que prohibir los idiomas como lo hacen en Cataluña. Bastaría proteger la pulcritud del castellano frente a la prostitución de los significados de las frases en inglés atribuidos por la publicidad, las franquicias de moda y, de paso, liberar las calles de la contaminación visual y estimular a los medios para que no maltraten y ensucien la lengua.
Bastaría proteger el paisaje urbano, la vista, el oído y el entendimiento, poniendo un poco de orden: que junto a las palabras en castellano consten las originales en inglés. Se podría empezar por la aplicación de la normativa sobre contaminación visual para así evitar la agresiva basura estética que campa a sus anchas en ciudades y hasta en pueblos. Y, si se contamina se paga. De eso va también el anunciado y próximo impuesto verde.
¿Por qué el Estado no protege la bárbara agresión al castellano? Proteger no es prohibir. Exige dar ejemplo y educar .
Calvo pretende que el castellano peninsular pierda eficacia, brevedad y sentido común: para decir lo mismo, habría que emplear más palabras que las usadas por el pueblo