La Junta reclama cinco millones a la Diputación que presidió Bendodo por ayudas no justificadas
● La consejería de Juan Marín deja en evidencia la gestión del titular de Presidencia
El vicepresidente actúa de acuerdo con los principios que defiende de transparencia
Cinco millones de euros en subvenciones sin justificar al día de hoy. La Consejería de Administración Local, que hoy dirige el vicepresidente Juan Marín, ha dejado en evidencia la gestión del actual consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en su etapa como presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Tal vez sea una situación incómoda entre ambos, pero Marín no ha tenido más remedio que ser consecuente con sus mensajes a favor de la transparencia y la regeneración democrática, expresados reiteradamente en las redes sociales. Y su proceder demuestra en este asunto que no ha dudado en velar por el dinero público.
Resulta más que llamativo que la propia Junta de Andalucía, en la que Bendodo es ahora el principal factótum, exige la devolución de las ayudas concedidas en 2017 a la Diputación de Málaga para programas de empleo de fomento agrario. El gobierno provincial liderado entonces por Bendodo tenía de plazo hasta el 31 de mayo de 2019 para presentar las certificaciones, pero no lo hizo a pesar de las sucesivas prórrogas que la Junta de Andalucía concedió para facilitar esta obligación. El presidente de la Diputación actual es Francisco Salado, cargo al que llegó en febrero de 2019 con el apoyo de los diputados de Ciudadanos.
La Consejería, dirigida por Marín desde enero de 2019, notificó a finales de 2020 la apertura del procedimiento de reintegro al considerar vulnerado por la Diputación de Málaga el artículo 42.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al incurrir el ente provincial en “el incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente”. No debió quedarle otra a Marín, por lo que el director general de Administración Local, Joaquín José LópezSidro, remitió a la Diputación malagueña la orden de devolución de los importes.
El convenio de concesión de las ayudas se firmó entre la Consejería y la Diputación el 25 de julio de 2017. El último plazo ampliado se fijó el 15 de agosto de 2019. Hasta cuatro veces fue ampliado el plazo de justificación, bien en general a las diputaciones o en particular a la de Málaga, al objeto de facilitar la presentación de las certificaciones de las obras realizadas con cargo a la subvención concedida. La Diputación de Málaga ha respondido por escrito a la Junta a la exigencia de devolución del dinero que le ha hecho la Junta. En la documentación que obra en poder de este periódico, la Diputación asegura que la “inmediata satisfacción del reintegro que se le reclama requeriría habilitar el crédito correspondiente, con riesgo de desatención de otros objetivos de interés de la Corporación, llamados a satisfacer necesidades de interés público”. Por este argumento, basado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, solicita la suspensión de la orden de reintegro, “toda vez que su ejecución supondría un perjuicio económico de imposible o difícil reparación”. De este acuerdo se informará en el próximo Pleno de la Diputación de Málaga.