30 acusados en otro macrojuicio de los ERE por ayudas en Sevilla
● La Fiscalía Anticorrupción pide hasta cuatro años de cárcel para los procesados
Otra pieza de los ERE lista para que sea enjuiciada en la Audiencia de Sevilla. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha dictado el auto de apertura de juicio oral por las ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo a 17 empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que recibieron un total de 9.720.534,47 euros de la partida 31L, hechos por los que serán enjuiciadas 30 personas.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye delitos de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales a los 30 acusados, entre los que se encuentran el ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, a quien el Ministerio Público reclama cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, las fiscales de Anticorrupción María José Sánchez y Nazaret Salgueiro reclaman otros tres años y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante siete años para otros 25 acusados, entre los que se encuentran los ex alcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara Carmelo Montero Cabezas y José Antonio Méndez Sánchez, respectivamente, y también el ex gerente del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras, así como directivos y representantes de las entidades beneficiarias de las ayudas. En un tercer grupo, la Fiscalía reclama ocho años de inhabilitación para otros cuatro acusados.
Por su parte, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía exculpa al ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera, mientras que solicita penas de entre dos y tres años de cárcel para los restantes acusados.
En un auto dictado el pasado 20 de enero, el juez José Ignacio Vilaplana ha acordado abrir juicio oral contra los 30 acusados y ha declarado responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo contra 11 empresas, mientras que contra otras siete personas físicas y jurídicas han sido declaradas igualmente partícipes a título lucrativo de los delitos investigados.
De esta forma, el juez ha requerido a los responsables penales y civiles (49 entre acusados y empresas) para que presten fianza en relación con los más de nueve millones de euros de las ayudas concedidas, y así ha fijado en 12.800 euros la fianza para Daniel Alberto Rivera; en 2,4 millones para Carmelo Montero; 50.000 euros para José Antonio Méndez Sánchez; y 2,3 millones para Manuel Enrique Rodríguez Contreras, entre otras.
Las empresas que recibieron estas ayudas fueron las siguientes: Coflosur; Atarazanas de Constantina; S.C.A. San Sebastián de Guadalcanal; Grueso y García S.L.; Pema, Jamones y Embutidos S.L.;
Tialna S.L.; Corsevilla S.C.A.; El Venero de Móstoles S.L.; Hotel La Posada del Moro; Romero Álvarez S.A.; S.C.A. Virgen del Robledo; Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara S.L.; Dehesa Navera S.L.; Promociones Vinícolas de Sevilla S.L.; Vivir El Barro S.L.; Refractarios Guadalcanal S.A.; Refractarios Andalucía S.L., y Andalucine S.L.
En cuanto a la intervención del ex alcalde del Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, la Fiscalía se refiere a las ayudas concedidas a la empresa Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara. Dice el Ministerio Público que la acusada Rosario Parrado junto a su marido, José Antonio Méndez Sánchez, “sabedores de que la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Trabajo podía otorgarle fondos públicos de forma inmediata al margen del procedimiento legalmente establecido, consiguieron que el director general beneficiara a la empresa con una ayuda por importe de 50.000 euros, sin perjuicio de la concedida y no cobrada por importe de 120.000 euros que se otorgó previamente”.
La Fiscalía acusa al ex alcalde de Guadalcanal Carmelo Montero de haber “propiciado”, “prevaliéndose de su condición de alcalde”, la concesión por parte de la Dirección General de Trabajo de una ayuda de 721.214,53 euros a la empresa Refractarios Guadalcanal, “a sabiendas de la falta de cumplimiento de la legalidad”.
Sobre el ex gerente del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras, la Fiscalía señala que mantuvo una reunión con el administrador de la empresa Dehesa Navera y que “prevaliéndose de su condición de delegado provincial del IFA y su relación con el entonces consejero y presidente del IFA, José Antonio Viera, propició, a sabiendas de la falta de cumplimiento de la legalidad, la concesión posterior por el director general de Trabajo” de una ayuda de 182.629,34 euros.
Entre las ayudas destacan también las concedidas a la empresa Coflosur, propiedad del marido de Rocío Sayago, quien según la Fiscalía “prevaliéndose de su puesto como secretaria adjunta de la Dirección de Trabajo hizo la labor de mediación” con el ex director de Trabajo Javier Guerrero, ya fallecido, solicitando en 2004 una ayuda para sufragar los gastos de reparación y renovación de parte de la maquinaria de la empresa estimados en un importe de 150.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción concluye en su escrito de acusación que en la tramitación de estas ayudas a 17 empresas de la Sierra Norte se “prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, y el concepto presupuestarío a cuyo cargo corrió “es inadecuado”, por lo que sería nula de pleno Derecho.
Además, señala que el hecho de que se realizara el pago como “transferencia de financiación” dio lugar a que no se originase ningún gasto en IFA-IDEA, al tratarse un pago por cuenta de un tercero similar al suplido, no viéndose afectada su cuenta de resultados en ningún momento.
De la misma forma, señala que la Dirección General de Trabajo carecía de competencia legal para la concesión de las ayudas y “no se publicaron bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo concesiones, no se aplicaron los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión, no se acreditó el carácter excepcional”.
Por último, indica que la concesión “no fue sometida a fiscalización previa de la Intervención Delegada de la Consejería, tal y como era legalmente exigible, ni se realizó seguimiento de la aplicación del importe de dinero otorgado. No existe en ninguno de los expedientes documentación que acredite el mínimo cumplimiento de las normas que regulen la concesión de subvenciones”, concluye el Ministerio Público.
Se investigan ayudas de más de 9 millones a 17 empresas de la Sierra Norte