El sector ya anticipa movilizaciones contra el decreto de transición de la PAC
● La Junta pide a Planas que reflexione y modifique la medida que acelera la convergencia entre agricultores y que previsiblemente se aprobará hoy en el Consejo de Ministros
El sector agrario andaluz no se resigna ante el decreto de transición de la nueva PAC –las ayudas de 2021 y 2022– que aprobará este martes el Consejo de Ministros. Las organizaciones agrarias coinciden en que habrá movilizaciones en cuanto la situación sanitaria lo permita contra el decreto, pero también por la situación de precios y la amenaza de tasa plana y desaparición de derechos que se cierne en el próximo periodo de la PAC, a partir de 2023.
El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, alertó ayer lunes en Canal Sur Televisión –que entrevistó a los máximos representantes del sector agrario en la región– de que “si se confirman determinados puntos de partida decreto hablamos de pérdidas de casi el 50% para la agricultura andaluza”. Es decir, algo menos de 600 de los 1.500 millones que reciben los agricultores y ganaderos de la comunidad en ayudas directas. Esta pérdida tendría que ver, no sólo con la aceleración de convergencia que plantea el decreto, sino también con planteamientos del Ministerio de cara a la futura PAC como la fuerte reducción del número de regiones productivas y la eliminación de los derechos, lo que podría elevar de forma drástica el número de hectáreas susceptibles de recibir ayudas.
Recordemos que el decreto que se aprobará mañana eleva la convergencia en 2021 y 2022 al 80% de la media de la región (ahora está en el 60%) y elimina la limitación de pérdidas, que desde 2014 venía siendo del 6% anual. Ahora podría superar el 20%, el 30% e incluso el 60% en dos años para muchos agricultores, aquellos, según las organizaciones, que más reciben gracias a un histórico de producción en el pasado. Estos productores, añaden, son los que más han invertido y los que más riqueza han generado en los últimos años.
Y son más numerosos en Andalucía, donde, según relató Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, se cobran 226 euros por hectárea de media frente a los 144 a nivel nacional. López hace hincapié en que los perjudicados no son propietarios de grandes explotaciones, sino familias. “En la región la media de una explotación es de 17,5 hectáreas y en España la dimensión está en torno a 50”. En el mismo sentido se manifestaba la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien detalla que mientras la media en España de ingresos se sitúa en 6.500 euros por agricultor –en algunas comunidades hasta 10.000 euros– en Andalucía la media es de 5.000 euros por productor.
Crespo, que estuvo en Madrid para asistir por videoconferencia al Consejo de la UE de Agricultura en representación de las autonomías, pide al Gobierno que ref lexione, dialogue con las autonomías y modifique el decreto. La cuestión se ha vuelto claramente política, ya que el PP nacional arremetió contra la medida tras una reunión con las comunidades autónomas gobernadas por el partido.
Desde UPA Andalucía, Miguel Cobos, su secretario general, mantiene aún alguna esperanza de que el ministro Luis Planas, que es andaluz, “rectifique en el último momento y mejore las condiciones actuales”, aunque tampoco espera muchos cambios. Cobos es el menos crítico con el decreto de transición, que “no supondrá un transvase importante hacia otras autonomías” (sí entre agricultores de la misma región agronómica) y sí se muestra más preocupado por el cariz que toma la reforma de la PAC a partir de 2023 (reducción de regiones productivas, desaparición de derechos, etcétera). En cualquier caso, pide dejar la convergencia tal y como está ahora mientras no haya acuerdo autonómico y sectorial a nivel nacional para la nueva PAC.
Tanto la Junta como las organizaciones agrarias insisten en que Europa no pide acelerar la convergencia en el periodo de transición –que es el principal argumento del Gobierno– y, sobre todo, piden datos objetivos del impacto. “Dice el Gobierno que sólo el 1% de los agricultores andaluces bajarán sus ingresos más del 20% en 2021, pero la pregunta es cuánto bajarán más del 6%, lo que dan es algo demagógico. No tenemos datos, que nos los presenten”, afirma Ricardo Serra. La consejera Carmen Crespo asegura por su lado que el Gobierno no dice nada sobre las pérdidas que sufrirán los productores en el segundo año (2022) o sobre los que dejarán de ingresar el 15%, el 17% o el 19%. Además, tanto Miguel López como Ricardo Serra recuerdan que en determinados sectores, como el ganado vacuno, el impacto será brutal, ya que sus derechos son altos en superficies muy pequeñas.
El más duro con el decreto es Miguel López. Asegura que es “inasumible” y que debe “haber algo detrás que hay que escarbar”. Se pone el mismo como ejemplo: asegura que tiene una explotación de regadío por la que recibe 800 euros por hectárea. Si el decreto va a adelante, se pueden quedar en 500 y teme que vayan a una “tierra de secano cercana controlada por un fondo de inversión, que se llevará el dinero a paraísos fiscales”. “Que se preparen el ministro y el presidente. Esto es pegarles fuego al rastrojo No nos vamos quedar tan tranquilos 80.000 familias empeñadas hasta los dientes. Nos van a arruinar”, afirma.
Asaja prevé pérdidas de 600 millones si la nueva PAC se aplica como quiere el Gobierno