AYUDAS PÚBLICAS A EMPRESAS
LA prolongación de la crisis económica atizada por la tercera ola y las dudas de cuándo se producirá la recuperación están provocando que diversos organismos presagien una oleada de insolvencias empresariales. Es por ello por lo que distintas instituciones internacionales, así como el Partido Popular y parte del mismo Gobierno (Podemos), demandan una actuación más decidida de apoyo directo a las empresas y sectores que están sufriendo el impacto de la crisis sanitaria con más gravedad.
Esas demandas se apoyan en estimaciones según las cuales las medidas de apoyo a la actividad productiva frente a la crisis están siendo en España de entidad considerablemente menor que en otros países europeos. El Ministerio de Economía disiente de estas estimaciones, pero la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó en su reunión del día 5 acogerse a la modificación del marco temporal europeo que incluye la posibilidad de conversión de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas. Ante esta perspectiva es oportuno reflexionar sobre la entidad de las ayudas públicas a las empresas y los criterios de actuación. Vaya por delante el acuerdo ampliamente compartido entre los economistas y las instituciones internacionales sobre la oportunidad de políticas expansivas para evitar la destrucción de tejido productivo a pesar de sus efectos potencialmente distorsionadores de la competencia, y de ahí la temprana suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la UE, la política monetaria expansiva del BCE y el posterior Plan de Recuperación europeo.
En este marco favorable a las políticas fiscales expansivas, el déficit habrá aumentado en 2020 hasta el 11,7% del PIB según el FMI, la deuda pública va a terminar el año en el 118,2% del PIB y en 2021 puede seguir aumentando. ¿Hasta cuánto son razonables estos aumentos? Debe tenerse en consideración que, previsiblemente a partir de 2022, las normas fiscales y la política monetaria iniciarán un proceso de “normalización”, que la deuda pública española tendrá que financiarse en los mercados (en los que la prima de riesgo volvería a tomar protagonismo), que el gasto público tiende a aumentar por el servicio de la deuda, por el mayor gasto en pensiones, subsidios de paro y por las demandas de aumento de gasto (sanitario, educativo y en servicios sociales) y que será imprescindible el aumento de la inversión pública si se quiere mejorar el raquítico potencial de crecimiento de la economía española. Todo lleva a que, si bien compartamos la necesidad de aumentar el gasto en apoyo empresarial, este debe ser ponderado, selectivo y eficiente.
Esto requiere elegir entre apoyar a empresas o sectores. Los planes de ayudas a sectores son más populares y reclamados por patronales y sindicatos, pero crean agravios comparativos en los sectores que no los reciben y, por muy generosos que sean, difícilmente satisfacen las necesidades de financiación de todas las empresas. Además, en un sector habrá empresas que lo necesiten y otras que no, empresas solventes e insolventes, empresas poco trascendentes para la economía nacional y otras que aportan gran capacidad de arrastre o innovación. Por estas razones estimamos que no es aconsejable una política de ayuda a sectores, sino a empresas individuales.
Entre las posibles beneficiarias no hay justificación para financiar empresas inviables, pues el mantenimiento de empresas zombis es un despilfarro de recursos públicos que, además, distorsiona la competencia. Pero las empresas viables y que han reducido significativamente su facturación son demasiado numerosas para que todas puedan recibir ayudas públicas. Por lo tanto, las ayudas directas a empresas deberían concentrarse en empresas que, además de ser viables, se caractericen por que su aportación a la economía nacional va más allá de su facturación o empleo, generando economías externas positivas; es decir, empresas que generan beneficios a la sociedad sin percibir contraprestaciones por ello, lo que se concreta en empresas innovadoras, con capacidad tractora, demanda en expansión o de excelencia.
En consecuencia, debe entenderse que la política de ayuda a las empresas no se debe regir por los criterios redistributivos propios de las políticas sociales, que discrimina positivamente a las personas y colectivos más necesitados, sino que debe favorecer a las empresas con mayor capacidad de aportación a la economía. Una política de una gran complejidad en su aplicación por su carácter discrecional al exigir la selección individualizada de las empresas y cuantificar ayudas ponderadas. Estas características exigen criterios objetivos definidos con precisión, órganos técnicos altamente cualificados para su selección y transparencia en sus resoluciones.
La política de ayuda a las empresas debe favorecer a las que tengan mayor capacidad de aportación a la economía nacional o regional