El fiscal jefe Antidroga considera “ilegal” la designación como refuerzo de Zaragoza

El fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, presentó ayer un escrito en la Fiscalía General del Estado (FGE) para manifestar su discrepancia con la designación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza como refuerzo de la Fiscalía Especial Antidroga para el Campo de Gibraltar. Subraya que esa decisión de la responsable de la FGE, Dolores Delgado, es “ilegal e improcedente”.

Este escrito de discrepancia llega después de que Delgado designara a Zaragoza para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en Campo de Gibraltar y zonas aledañas. Entonces, se apuntó que Zaragoza desarrollaría esta labor en cooperación y “sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación”.

Pero Noreña explica en su escrito que a él no se le ha notificado la resolución de Delgado formalmente sino que sólo se le remitió “una copia al correo electrónico particular de su secretaria”, y añade que el decreto de nombramiento se ha dictado sin ninguna gestión previa de la FGE con Antidroga. Además, añade, no sólo se designa a Zaragoza sino que se añaden “unas órdenes imprecisas” de coordinación entre el designado y la Fiscalía Especial. De esta forma, incide Noreña en su escrito, se produce un solapamiento porque la Fiscalía Especial Antidroga tiene atribuidas entre sus funciones las que le reconoce el decreto de Delgado a Zaragoza, es decir, coordinar las actuaciones de las distintas fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico.

Advierte Noreña que, de mantenerse el decreto se generarán “dudas y perplejidad” tanto en los agentes que operan en la zona como en los propios fiscales ya que no sabrán a quién dirigirse, para qué, o, en el caso de recibir instrucciones, no ya contradictorias, sino simplemente diferentes, a quién obedecer.

Noreña se ciñe al artículo 27.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y destaca que el decreto es nulo de pleno derecho porque “es contrario a las disposiciones” de esa norma concreta que tiene rango de Ley.