El Parlamento Europeo toma nota de los cortes de luz
● Admite el ruego de amparo que el Defensor de la Ciudadanía envió hace un mes para pedir una solución al suministro eléctrico en la zona Norte
Europa está tomando nota de los cortes de luz de la zona Norte de Granada, que ya se extienden también a otras zonas de la ciudad. El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, informó ayer de que el Parlamento Europeo ha admitido la petición de amparo que remitió el 8 de febrero para pedir la intervención europea en el problema de los cortes de luz de la zona Norte por la vulneración de derechos que está suponiendo el corte de suministro en la población desde hace más de diez años.
Una petición incluida en su lucha por resolver “el gravísimo problema de los cortes de luz en el distrito Norte” que busca que desde dicha institución “se pongan en marcha los mecanismos de protección necesarios y se realicen las intervenciones oportunas” para terminar con esta situación.
Martín ha comunicado que el pasado 25 de febrero, es decir, transcurridos 17 días desde que se cursara la citada solicitud, el jefe de Unidad, L. Bohac, en nombre del Secretario General del Parlamento Europeo, ha informado de que dicha petición ha sido transmitida a la Comisión de Peticiones quien, una vez adopte la correspondiente decisión al respecto, la comunicará.
El dossier enviado a Europa, titulado Los cortes de suministro eléctrico en el distrito Norte de la ciudad de Granada ponen en peligro la vida de miles de personas, es un documento extenso en el que el Defensor describe las claves de la emergencia social y humanitaria; desglosa el marco normativo protector y la vulneración de derechos reconocidos en diversidad de leyes, normas, declaraciones, pactos y directivas; expone las iniciativas y medidas impulsadas –Mesa por los Cortes de Luz, Mociones, etcétera–; detalla minuciosamente los ámbitos competenciales implicados en la resolución –Endesa, Gobierno de España y Junta de Andalucía– y finalmente argumenta las razones de dicha petición de amparo ante la cronificación del problema. También remitió un informe de los Centros de Salud de Cartuja y Almanjáyar, donde se pone manifiesto que los cortes de luz en el distrito están afectando gravemente en la salud de las personas.
“Dada la trascendencia del problema y la urgente necesidad de que se adopten todas las medidas posibles a nuestro alcance para acabar con esta emergencia social, confiamos en la pronta respuesta de dicha comisión de peticiones y en la efectividad e implantación de cuantas medidas proponga”, explicó Martín.
Es la segunda vez que el Defensor de la Ciudadanía recurre a una institución europea para ver si se puede solucionar este problema social y humanitario de la ciudad dado que pasan los años y con las instituciones locales, autonómicas y nacionales no se soluciona. Un asunto que puede asemejarse también al de la Cañada Real de Madrid.
Martín se dirigió el año pasado a la ONU y en diciembre de 2020 se comunicó que ya estaba estudiando el caso. La Organización de Naciones Unidas admitió a trámite también el análisis de la situación de los vecinos de esta zona de la capital y lo remitió a dos relatores para elaborar un expediente que determine si hay dejación en la actuación institucional y si se vulneran los derechos humanos.
Fue en septiembre cuando el Defensor de la Ciudadanía decidió dirigirse por escrito a la ONU para pedir que mandara un relator especial a la zona que viera in situ la situación ante la falta de soluciones que ha llevado a cronificar el problema, que ya es una emergencia social en la capital. Un asunto que fue transmitido tanto al relato especial sobre el derecho a la vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal como al relator especial sobre derechos humanos y pobreza extrema, Olivier De Schutter.
Por la pandemia, la visita a la zona se pospuso y se pasó al estudio de despacho en dos vertientes: el derecho a la vivienda adecuada y los propios derechos humanos en casos de pobreza extrema.
La ONU, si ve vulneración de derechos, insta a las instituciones a tomar soluciones y vigila que este procedimiento se lleve a cabo para solucionar la posible desigualdad generada.
En diciembre se recibió también la aprobación de la ONU para estudiar la situación