El debate sobre la inmunización obligatoria se reabre
Hace once años un juez autorizó, a petición de la Junta de Andalucía, la vacunación forzosa de 35 escolares para frenar un brote de sarampión en Granada. Ahora, en plena búsqueda de la inmunización contra el Covid, una ley gallega ha abierto el debate sobre la posibilidad de imponer esta medida mediante multas.
La idea no es nueva. En Alemania, por ejemplo, el Bundestag aprobó en 2019 multas de hasta 2.500 euros para los padres que no vacunasen contra el sarampión a los menores y trabajadores de centros educativos y de acogida de refugiados tras la aparición de varios brotes en colegios.
En Granada la situación fue distinta. Fue un juez quien ordenó en el año 2010 la vacunación de una treintena de alumnos para atajar un brote epidémico de sarampión en un colegio, y lo hizo a petición del Gobierno regional, en una decisión que causó gran revuelo en el centro y que cuestionó una minoría de padres de los alumnos.
El debate sobre una eventual vacunación forzosa se ha avivado con la aprobación esta semana de la reforma de la Ley de Salud Gallega de 2008, que establece un marco legal con multas de 1.000 a 600.000 euros para una serie de infracciones en materia de salud pública, entre ellas la “negativa injustificada” a la vacunación, en el caso de que ésta sea declarada obligatoria.
Se trata, explican algunos expertos constitucionalistas consultados por Efe, de “preparar el terreno por si en un futuro se decide que sea obligatoria” a través de una norma que intenta suplir la “ambigüedad” y “parquedad” de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986.
La norma ha despertado rápidamente los recelos de la oposición en el Parlamento gallego, pero también del Gobierno, que pidió “prudencia” a la espera de los informes jurídicos para ver si podría “suponer una limitación de los derechos fundamentales” y, en ese caso, debería haberse regulado a través de una ley orgánica a nivel nacional.