El fiscal critica la situación “esquizofrénica” de la Junta y el PP en el caso Invercaria
● La acusación popular del partido es la única que acusa al ex presidente de la entidad y al presidente de Kandor Graphics
La Fiscalía Anticorrupción ha criticado la situación jurídica “esquizofrénica” que mantiene la Junta y el PP en relación con una de las piezas de la macrocausa de Invercaria, en la que se investigan los préstamos concedidos a la productora granadina Kandor Graphics por un importe de 1.498.000 euros para la realización de una película animada.
En una vista celebrada en la Sección Séptima, la Fiscalía ha defendido que en esta pieza de Invercaria debe aplicarse la denominada “doctrina Botín”, que establece que, cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan el archivo, como ocurre en este caso, y únicamente se ejercita la acusación por parte de la acción popular, la acción penal debe limitarse, con lo que ha reiterado su petición de archivo de esta causa.
El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha recordado que la Fiscalía ha acusado en más de 30 piezas de Invercaria, pero en este caso ha solicitado el archivo y ha criticado la situación jurídica “esquizofrénica” que se ha producido en torno a esta causa, en la que la acusación particular que ejerce la Administración andaluza defiende el archivo y la acusación popular que ejerce el PP –partido que gobierna en la Junta con Cs– mantiene una postura diferente y pide que se celebre el juicio.
Y es que el PP se ha quedado solo en la acusación por las ayudas a Kandor Graphics, dado que el archivo ha sido solicitado, además de la Fiscalía, por Invercaria y la agencia IDEA, como acusaciones particulares, y también por las defensas de las dos únicas personas a las que acusa el PP, el ex presidente de la sociedad pública andaluza de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo y el socio fundador y administrador solidario y presidente de Kandor Graphics, Marcelino Almansa Ortiz.
La petición de archivo realizada por el Ministerio Público se fundamenta precisamente en la “doctrina Botín”, dado que, según destacó el fiscal en uno de los escritos en los que ha solicitado con anterioridad el sobreseimiento, en nuestro ordenamiento jurídico se ha “consagrado el principio de limitación del ejercicio de la acción penal de la acción popular cuando ni el Ministerio Fiscal ni ninguna de las acusaciones particulares ejercen o deducen tal pretensión”.
El fiscal añadió entonces que “no es que tenga restringida en nuestra ley tal actividad, sino que como recientemente ha constatado el Tribunal Supremo, existe un riesgo palpable de que la confrontación política se lleve al foro, lo que es desde todo punto de vista indeseable”.
La Fiscalía Anticorrupción defiende el archivo de esta pieza porque entiende que las inversiones en Kandor Graphics, “a diferencia de otros proyectos” de Invercaria, contienen elementos por los que debe sobreseerse la causa, dado que “hay una empresa que culmina el proyecto, la película, aunque con escaso éxito comercial”; existe un “análisis” del proyecto dado que consta la existencia de un “informe ejecutivo del departamento de Análisis” y asimismo hay un “informe conjunto realizado entre Caja Granada e Invercaria, fechado en mayo de 2009, y uno definitivo, de 13 de julio de 2009”.
Y esto es lo relevante para el Ministerio Público: que “hubo una valoración técnica” de la inversión que se iba a realizar que se llevó al Consejo de Administración, por lo que, en consecuencia, “no puede decirse como en otros proyectos que la decisión sea arbitraria y que el destino de los fondos no fuera un proyecto de los propios del capital riesgo”.
Por su parte, el abogado del PP-A, Wenceslao Moreno de
Arredondo, ha reclamado que el caso sea enjuiciado porque la acusación popular puede ejercerse cuando existe un “daño general y social” y ha recordado un auto de la Sección Tercera de la Audiencia que descartó la aplicación de la doctrina Botín en esta pieza de Invercaria, cuya aplicación “privaría al ciudadano de ejercer un derecho”. Frente al archivo que reclaman todas las partes, el PP pide para Pérez-Sauquillo una condena de seis años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
La Administración defiende el archivo de la causa y el PP, que se celebre el juicio