DURO GOLPE DE AIRBUS A LA INDUSTRIA ANDALUZA

EL presidente de la Junta de Andalucía dio por hecho el pasado miércoles el cierre de la planta de Airbus en Puerto Real. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre la plantilla de la factoría gaditana, los trabajadores de la industria auxiliar y los de la cadena de suministro de toda Andalucía. No tanto porque Juanma Moreno ratificara la sentencia anunciada por el gigante aeronáutico en febrero, sino por la manera tan inesperada en que se produjo. Sólo unos días antes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguraba en Cádiz a los sindicatos que la compañía no se había decantado “aún” por el cierre. Incluso se comprometió a visitar la planta un mes después, a pesar de que su futuro ni se abordaría en el debate sobre el sector de la Comisión de Industria de esta misma semana. La multinacional, de hecho, también desconcertó a los trabajadores al garantizarles que la decisión no estaba tomada en firme, aunque ya advirtiera de que sería muy difícil “mantener dos centros productivos” en la provincia, tras la cancelación del programa del A380 y el duro impacto de la pandemia del coronavirus, particularmente, en el negocio de la aviación civil. Moreno admitió que lo único que estaba en su mano era pedirle a la empresa que tenga el menor impacto posible en materia laboral. No deja de ser tan triste como sorprendente que después de todas las facilidades que ha recibido la compañía, incluidos 300 millones de euros en ayudas, ahora anuncie que no ve viable una planta tan emblemática. Y casi resulta más descorazonador que la Administración a lo único que aspira, como si todo estuviera acordado, es a mantener los puestos de trabajo. Cerrar una planta industrial tractora implica mucho más que la pérdida de empleos y de capacidad de ingeniería. Si Andalucía no quiere perder el paso y ahondar una falta de industrialización, que es una de las causas de su subdesarrollo, ha de apostar –de forma decidida– por un sector sólido y potente. La Junta no se puede conformar con mantener la carga de trabajo que tanto ha costado atraer, y ha de defender con energía los intereses de todos los agentes innovadores, desde la universidad a los suministradores.

Andalucía no se puede resignar a que la compañía cierre una de sus plantas y máxime tras las facilidades que ha recibido, incluidos 300 millones de euros