La vivienda iniciada en Andalucía y la terminada continúa su inercia
El número de inmuebles que comenzaron a construirse pasan de 18.300 en 2019 a 13.000 en este ejercicio, con una especial incidencia en las provincias de Málaga y Sevilla
NO les voy a descubrir América si escribo que nuestros políticos llevan meses (¿años?) jugando con fuego. Una ciudadanía cansada, y ahora sobre todo muy dolida por lo que llevamos de Covid-19, es terreno fértil para el populismo de extrema izquierda y derecha. En ese contexto, trasladar la polarización política a la sociedad es tan fácil que asusta.
Otra verdad de Perogrullo es que la incertidumbre añade gasolina a este fuego. Continuas convocatorias electorales en el horizonte, posibles cambios de gobierno por doquier, el hoy sí y mañana no (o al revés) de la política, no sólo confunden sino que también preocupan. Porque transmiten la sensación de que no saben qué hacer, y no me estoy refiriendo sólo a la gestión sanitaria. Hay que reconocer que gobernar es difícil, máxime en situaciones como la actual, pero asistir a un espectáculo casi diario de incoherencias, en muchas ocasiones alimentadas por mercadotecnia electoral de corto plazo, de expertos que no existen o están por existir, de conf lictos entre administraciones que embarran la gestión y la eficacia, trasciende ya la dificultad intrínseca de gobernar. Y desanima y cabrea bastante al ciudadano de a pie.
Y desciendo ya el último peldaño de mi escalera. Con las reformas económicas que llevan años pendientes ocurre otro tanto. En particular, aquí me voy a referir a las que tienen trascendencia sobre los ingresos y gastos de nuestras administraciones. La mezcla de demagogia primero y populismo después, desde todas las posiciones políticas, y la ausencia de un rumbo claro en la política fiscal española no permiten abonarse al optimismo. Les comento varios ejemplos de los que puede extraerse, me temo, categoría.
Intuir las líneas maestras de por dónde puede ir la reforma de las pensiones obliga a ejercicios de complicada hermenéutica. ¿Lo que piensa el ministro Escrivá es compartido por el resto del Gobierno, con o sin Iglesias?, ¿lo que se envía a Bruselas tiene algo que ver con eso?, ¿cómo participan los agentes sociales en esta discusión?, ¿van en paralelo al Pacto de Toledo? Alguien debería explicar esto con claridad, más allá de filtraciones del Consejo de Ministros. Y, de paso, realizar