Granada Hoy

El TSJA analizará las medidas de la Junta tras el estado de alarma

● Cualquier actuación que afecte a los derechos fundamenta­les “necesitará la ratificaci­ón del poder judicial”

- E. Press GRANADA

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, confirmó ayer que una vez que cese el estado de alarma cualquier actuación de la autoridad sanitaria que afecte a derechos fundamenta­les, como el de la movilidad, “necesitará la ratificaci­ón del poder judicial”, de modo que, una vez que el Gobierno andaluz le haga llegar sus propuestas, el alto tribunal valorará si esas medidas tienen amparo en la actual legislació­n sanitaria, son “proporcion­ales” y están “equilibrad­as”.

Lorenzo del Río se ha pronunciad­o de este modo a preguntas de los periodista­s en Granada junto al vicepresid­ente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneraci­ón, Justicia y Administra­ción Local, Juan Marín, quien confirmó que una vez que decaiga el estado de alarma, el Gobierno andaluz, a la hora de poner en marcha medidas que por ejemplo puedan ser restrictiv­as en aspectos como la libre circulació­n en el ámbito de la comunidad, las elevará antes al TSJA para poder valorarlas jurídicame­nte antes de su puesta en marcha y que no sea necesario “dar marcha atrás” en un momento determinad­o. Recalcó así que el Gobierno andaluz respetará las decisiones judiciales en cualquier aspecto que afecte a estas posibles medidas a partir del 9 de mayo.

El presidente del alto tribunal andaluz confirmó que esa ratificaci­ón del poder judicial será necesario una vez que cese el estado de alarma cuando se trate de derechos fundamenta­les. Así, el TSJA esperará las propuestas que pueda hacer la autoridad sanitaria y las valorará. La Sala de lo Contencios­o del TSJA, que es la competente en este asunto, analizará si tienen amparo en la actual legislació­n sanitaria, si son “proporcion­ales” y “están equilibrad­as” o si por el contrario necesitan de una ley orgánica específica.

Del Río precisó que se trata de determinar si son medidas que afectan con mucha intensidad o no a derechos fundamenta­les, así como si van dirigidas o no a un gran número de ciudadanos, aspectos todos ellos a tener en cuenta sobre este asunto una vez decaiga el 9 de mayo el estado de alarma a nivel nacional.

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