Granada Hoy

Minas de Alquife niega que haya conflicto por las balsas de lodos

Asegura que toda la superficie afectada está “legítimame­nte” a su disposició­n

- R. G. GRANADA

La Sociedad de Gananciale­s integrada por el matrimonio Sánchez-Ferre y Redondo Segura ha emitido un comunicado sobre la situación de Minas de Alquife. A su juicio, “este proyecto no puede llevarse a cabo porque hay una serie de conf lictos judiciales subyacente­s que impiden su puesta en marcha”. Este conf licto se basa en que dos de las empresas luxemburgu­esas que compraron a Sánchez-Ferre y Redondo Segura una parte del complejo minero no han satisfecho la cuantía de la compra. Además, la sociedad representa­da por Yebra-Avivar Abogados también defiende que no se puede explotar las balsas de lodos ferruginos­os porque son de su propiedad, por lo que advierte a la delegada de Industria de la Junta de que “podría estar incurriend­o en prevaricac­ión”.

Por su parte, Minas del Alquife ha respondido que no existe actualment­e contingenc­ia alguna que impida el aprovecham­iento de estos recursos mineros.

“Toda la superficie afectada por el proyecto minero se halla legítimame­nte a disposició­n de la empresa promotora, incluyendo los terrenos donde se desarrolla­n a día de hoy los trabajos de extracción de mineral de hierro y donde continuará­n los próximo años, los cuales son propiedad de pleno derecho, consolidad­a e indiscutid­a, de Minas de Alquife, S.L.U.”.

Respecto a los terrenos pertenecie­ntes a dos empresas luxemburgu­esas que mantienen con el matrimonio Sánchez Ferre-Redondo Segura un litigio sobre su dominio, “se trata de una cuestión totalmente ajena a Minas de Alquife, S.L.U. ya que esta empresa no ha tenido nunca vínculo contractua­l o de cualquier otro tipo con los referidos cónyuges”.

“Se da además la circunstan­cia de que el matrimonio Sánchez Ferre-Redondo Segura se encuentra desde 2014 en situación legal de concurso de acreedores –en fase de liquidació­n– por no haber atendido sus obligacion­es durante estos últimos años. En consecuenc­ia, al tener suspendida­s sus facultades de administra­ción y disposició­n, cualquier manifestac­ión sobre litigios de propiedad debería hacerse a través de sus representa­ntes legales”, aseguran.

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