UNA IRRESPONSABILIDAD PELIGROSA

EL Gobierno ha incurrido en una manifiesta irresponsabilidad con su decisión unilateral de dar por terminado el estado de alarma y dejar a las comunidades autónomas sin el paraguas jurídico que permitía adoptar medidas para mantener a raya los contagios. Es una irresponsabilidad peligrosa porque se hace cuando los porcentajes de vacunación son todavía muy bajos y no se puede decir que estemos cerca de la inmunidad de grupo que hubiera justificado la medida que este domingo se pone en marcha. A los gobiernos autónomos, como ha hecho el de Andalucía, no le queda más camino que apelar a la responsabilidad social, pero lo cierto es que las actividades de ocio nocturno quedan prácticamente liberalizadas, que se amplían los horarios comerciales y de la hostelería, y que la entrada y salida de la comunidad autónoma y la circulación entre los municipios dejan de estar sometidas a restricciones. A la Junta de Andalucía, como recalcó su presidente en la comparecencia en la que explicó la nueva situación, sólo le quedaría el recurso de acudir a un juez para que validara alguna restricción puntual sobre algún municipio o algún distrito sanitario. Quedaría pues a la apreciación del magistrado la adopción o no de la propuesta de la Consejería de Salud. Una vez más se judicializan decisiones que competen al ámbito político, lo que ha provocado un malestar más que lógico expresado por el Tribunal Supremo con una argumentación clara: los jueces no están para gobernar. No se puede soslayar en este debate que ha faltado el necesario clima de acuerdo entre los partidos representados en el Congreso para hacer de la principal medida para contener la pandemia un elemento de consenso y, desde el principio, cada renovación del mecanismo de excepción previsto en la Constitución se convirtió en un absurdo pulso político. Pero ello no justifica que el Gobierno levante ahora las manos y deje una situación caótica, en la que cada autonomía intentará bandear como pueda los repuntes de contagios y cada Tribunal Superior, como ya está ocurriendo, se pronunciará en un sentido diferente a la espera de que el Supremo unifique doctrina. Un disparate, en suma, del que ojalá no nos tengamos que lamentar por sus consecuencias.

El fin del estado de alarma priva a las comunidades del paraguas jurídico para combatir la pandemia y deja a los jueces decisiones que competen a la política