POLÍTICA FISCAL AL SERVICIO DE LA POLÍTICA
LA bajada de impuestos que acordó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 27 de abril, con un coste fiscal estimado de 329 millones de euros, y que se tramitará por la vía de urgencia, solo puede explicarse en el contexto de la pugna política que viven los partidos que nos representan. Así parece ponerlo de manifiesto su magnificación como “reforma fiscal” (cuando en el mejor de los casos produciría una reducción del 0,82% de los ingresos presupuestados para 2021 y no alteraría la estructura básica del marco fiscal), el cálculo temporal para que se visualice su promesa de “bajada masiva de impuestos” antes de las próximas elecciones, la anticipación a la reforma fiscal que plantea el Gobierno de la nación, o el énfasis con que se vuelve sobre la curva de Laffer, según la cual una reducción impositiva provoca un aumento de la recaudación tributaria, idea simple y atractiva que lamentablemente nunca se ha contrastado empíricamente.
Todos los contribuyentes deseamos pagar menos impuestos, y es muy saludable que los responsables públicos tengan tensión por reducirlos, aunque también lo sería que la tensión ahorrativa se extendiese a la reducción de gastos públicos eliminando consejos, empresas, agencias, cargos o departamentos inútiles o de utilidad muy limitada y aumentando la eficiencia productiva de la administración pública, tareas para las que se echa en falta el celo suficiente de los responsables públicos.
En cuanto a las rebajas impositivas acordadas, la del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aunque inoportuna en el tiempo, parece la más razonable, pues este impuesto grava los actos económicos, encareciendo la necesaria seguridad jurídica de contratos o documentos. Por el contrario, las rebajas en el tramo autonómico del IRPF son más cuestionables. Por una parte, porque su impacto real en la reducción de impuestos es testimonial (31 millones de euros) y no afecta a los 3,7 millones de andaluces previstos. Por otra parte, porque la práctica totalidad de los expertos y de instituciones internacionales recomiendan eliminar o limitar la multitud de deducciones y desgravaciones fiscales de nuestro sistema impositivo. Y, por otra, porque, si se quiere ayudar singularmente a un colectivo, es más eficaz una regulación directa, clara y simple, evitando la complejidad de normas e instituciones para obtener beneficios públicos de los que, en muchos casos, solo se benefician los buscadores de rentas.
En cualquier caso, lo que parece más cuestionable es que se plantee una disminución de impuestos no vinculada con la recuperación en la actual coyuntura económica. Como es sabido, existe un elevado acuerdo en el mundo económico de que en medio de una pandemia que ha provocado una grave crisis económica es necesaria una política fiscal expansiva que sostenga empresas, empleo y demanda, por lo que no debe reducirse la capacidad recaudatoria que ayude a sostenerla a corto plazo. Por otra parte, en los próximos años será necesario reducir los elevados desequilibrios financieros. En España, tanto el déficit como la deuda pública se han disparado en 2020 (10,8 y 120% del PIB respectivamente), desequilibrios que serán necesario reducir a partir del próximo año porque nos lo exigirán las reglas fiscales comunitarias y los mercados financieros. Una consolidación fiscal que debe afrontarla el país solidariamente, por lo que no es razonable rebajar impuestos en las comunidades autónomas mientras que se reclama al Gobierno de la nación ingresos extraordinarios.
Y, finalmente, esta iniciativa va en dirección contraria a las orientaciones políticoeconómicas de muchos países desarrollados (con Estados Unidos a la cabeza), organismos internacionales (como el FMI o la OCDE) y otras instituciones (como el Foro de Davos o el G-20), que abogan por elevar algunos impuestos de manera selectiva para hacer frente a las crecientes demandas sociales de servicios públicos (especialmente sanitarios, educativos, reducción de la pobreza y la desigualdad) y para financiar otras políticas públicas (medioambientales o de modernización productiva) para un futuro más sostenible y competitivo.
En ese marco es en el que se debe debatir la reforma fiscal de España, que no tiene que implicar un aumento generalizado de impuestos, pero sí enmarcarse en un nuevo contrato social en el que una mayor inclusividad social deberá articularse con mejores incentivos productivos y mayor eficiencia del sector público, y que sería deseable que contase con el mayor apoyo social y consenso político posible. Para ello el camino no es el de reformas fiscales autonómicas que dificulten los acuerdos nacionales.
Ni la coyuntura económica y fiscal ni las tendencias político-económicas justifican que se aborden ahora rebajas fiscales como la aprobada por el Gobierno andaluz