Los usuarios rechazan las tasas y las empresas de la construcción aplauden la medida
División de opiniones. La incorporación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la posibilidad de implantar para 2024 un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado ha provocado una oposición en cadena, pero también ha encontrado el aplauso en algunos sectores.
El repudio a las intenciones de Gobierno está concentrado, principalmente, en los usuarios. El Real Automóvil Club de España (RACE) mostró su desacuerdo con la medida debido a que entiende que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer un serio peligro, ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas.
“Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado”, sostuvo el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas. Una opinión que comparten en la organización de consumidores Facua, que afirma que las carreteras “deben financiarse a través de los Presupuestos” y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que critica el afán recaudatorio.
La primera alertó que la medida terminará afectando a los usuarios con menos poder adquisitivo y quienes no viven en grandes núcleos urbanos. Por su parte, la OCU advirtió de que medida constituirá un triple coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios. Por ello, pide un debate social con los actores implicados para lograr un modelo justo de financiación que permita el mantenimiento de todas las vías de circulación.
Con otro prisma contemplan la medida la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la patronal de la construcción Seopan. Ambas aplauden la intención del Gobierno de introducir peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, como respuesta al déficit de 8.000 millones de euros que acumula la conservación de carreteras y al impacto que la circulación tiene en el medio ambiente.
Asimismo, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) señaló que la prioridad es conservar las carreteras, que son un servicio público más, ya sea con peajes, con un incremento presupuestario o con la llamada viñeta, que es una tasa anual única para todo propietario de un vehículo.
AEC defiende que, a partir de 2009, con los sucesivos recortes en los presupuestos públicos, el patrimonio que acumulan las carreteras españolas, valorando en 215.000 millones de euros, “ha sido abandonado a su suerte”. En concreto, los recursos económicos destinados a la carretera se han desplomado casi un 80% en la última década. A ello se suma el impacto en el medioambiente, que en los últimos diez años asciende, al menos, a 25 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).
“La situación es grave en términos económicos, medioambientales y también de seguridad, y tampoco se prevé que mejore en los próximos años, dada la limitación de los recursos públicos y la necesidad creciente de atender el gasto social (desempleo, pensiones, sanidad o educación)”, aseguraron desde esta asociación.