Una jornada de patrulla policial con los carteros
● La Policía Nacional y la Guardia Civil escoltan a los trabajadores de Correos tras el robo de votos
Apenas lleva unos meses dedicándose al reparto en Correos. Sobre todo entrega paquetería. Cuando comenzó la distribución de votos por vía postal, este cartero, originario de Melilla, no sabía lo que se le venía. “Tampoco nos habían prevenido”, lamenta. Ahora, ha cambiado el sillín de su moto por el asiento del furgón policial y las jornadas se le hacen más amenas con sus nuevos compañeros.
Son las 20:00 del viernes 19 de mayo y a Antonio (nombre ficticio) apenas le quedan cuatro papeletas electorales que entregar –comenzó a las 16:00 –. Desde que le robaron a él y a sus compañeros más de 80 votos no puede trabajar solo. A veces, los agentes lo siguen; otras, ellos mismos lo llevan por la ciudad en sus vehículos oficiales.
Era lunes y el primer día que comenzaban a repartir papeletas electorales. Como cada día, Antonio cogió su moto e inició su ruta para entregar la mensajería a los vecinos de su ciudad. Ya había repartido más de la mitad cuando se dirigió hacia Las Minas del Rif. Allí, aparcó el vehículo y se desplazó a una vivienda situada a escasos 20 metros. Al regresar, encontró el cofre de la moto forzado. En el interior, faltaban bastantes votos. Le sustrajeron más de 30, apunta.
Él no fue el único. A cuatro compañeros más también les robaron unos cuantos votos que quedaron fuera de control de las supuestas mafias.
El incidente más grave lo sufrió una trabajadora en la calle Vía Láctea, ubicada en el barrio conocido popularmente como Cañada de la Muerte. Circulaba con su motocicleta cuando un automóvil estilo 4x4, sin matrícula, le cruzó el paso. Sin mediar palabra, un hombre encapuchado se bajó del vehículo en dirección a la cartera; mientras, otro hombre que portaba también pasamontañas se acercaba a la mujer por detrás. La agarraron y estuvieron forcejeando hasta que lograron quitarle más de una decena de sobre con documentación electo
Una repartidora, agredida por dos encapuchados que le quitaron unos 10 votos
ral. Así lo cuenta el delegado de CCOO en Correos de Melilla, Juan Diego Román.
En consecuencia, explica, la trabajadora sufrió lesiones en el hombre y una crisis nerviosa, motivos por los que recibió la baja médica.
Aunque a Antonio no lo asaltaron con violencia, reconoce que también le dio un ataque de ansiedad momentos posteriores a la sustracción. “Sentí mucho miedo”.
El delegado sindical recuerda que “estos actos no sirven de nada porque cuando se roba documentación electoral, se anula y se vuelve a enviar al elector”.
Sin embargo, para evitar la intranquilidad y el temor de los trabajadores, el Gobierno decidió desplegar un dispositivo policial para protegerlos. Además de establecer un punto fijo con agentes de Policía Nacional a la entrada de la oficina de Correos de la ciudad autónoma, se acordó que los repartidores también serían escoltados durante la faena.
Aunque l a f unción de los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) solo es ir con ellos a repartir las sobres con los votos, los acompañantes de Antonio también esperan a que reparta el resto de paquetes. Si no se aleja mucho, los policías lo aguardan en el interior del vehículo. Ninguno de los dos retira la mirada del trabajador. Este, ahora, reconoce sentirse mucho más tranquilo.
Juan Diego Román critica que haya que llegar a tomar estas medidas por esta cuestión “en pleno siglo XXI”. Lo cierto es que la compra de votos por correo en Melilla no es un problema nuevo. Tampoco la sustracción de los mismos a los trabajadores de Correos. “Tanto en las elecciones de 2015 como en las de 2019, los delincuentes se acercaban al vehículo y lo forzaban” para sustraer los sufragios enviados por vía postal. ¿La diferencia con respecto a este año? “Se ha empleado la violencia, por lo que ha sido necesario recurrir a determinaciones más drásticas”, indica el delegado de CCOO.
Mientras tanto, un pato de goma amarillo en el salpicadero del furgón acompaña también en la ruta a Antonio y los dos agentes de la UPR. Detrás, una escopeta que lanza pelotas, también de goma. Por si los malos vuelven a intentar robar papeletas.
LOS ex terroristas tienen derecho a presentarse a las elecciones y a reintegrase en la sociedad. Los avalan las leyes y la Constitución, que establece que la reinserción es la base del sistema penitenciario en un país que tiene un sistema destacadamente punitivo y de los más severos de nuestro entorno. Pero los ciudadanos también tienen derecho a rechazarlos como representantes de una comunidad y a que les escandalice su mera presencia en listas electorales, donde se supone que los partidos colocan a candidatos que destacan por su probidad. Los ex etarras tienen derecho a proclamar que están a favor de la paz y del respeto a las víctimas. Pero los ciudadanos también tienen derecho a no creerlos, incluso a ni siquiera escucharlos.
Tienen ellos derecho a pedir que no se les llame terroristas porque han cumplido con las penas que les impuso la Justicia pero también tienen derecho los ciudadanos a considerar que la condición de terroristas va más allá de mero almanaque carcelario porque exige otros compromisos morales, éticos y democráticos además del paso por la cárcel y del que carecen muchas de las personas que se han encaramado a las listas de Bildu. De la misma forma que el PSOE tiene derecho a pactar con Bildu y a proclamar que se les juzga más por quienes son que por lo que han votado con ellos en el Congreso, pero la sociedad también tiene derecho a denostar ese pacto y entender que, junto a la naturalización de los independentistas, es el error más grave de la legislatura.
Es el juego de contrarios, que apunta al irresuelto debate entre legalidad y legitimidad. Fácticamente se resuelve a favor del principio de legalidad porque la primacía de la ley solo se discute en el salvaje oeste. Pero legítimamente se resuelve a favor de quienes consideran que la legitimidad es la justificación del ejercicio del poder que exige el reconocimiento de la autoridad de quienes desean ejercer ese poder público.
TRAVESTIDO, CAMUFLADO, DIVERSO… PERO BILDU ES LEGAL
La Fiscalía General del Estado ha zanjado el debate sobre la legalidad de Bildu, asunto recurrente pero sobre el que la justicia se ha pronunciado ya en varias ocasiones siempre favor de la legalidad del partido. Citando incluso al Tribunal Europeo de Derechos
Es el juego de contrarios, que apunta al irresuelto debate entre legalidad y legitimidad
nados por delitos de sangre sea una contribución a la paz y la convivencia. Presentar como una concesión generosa lo que no es más que una rectificación forzada por las circunstancias es insultar a los ciudadanos. La sensibilidad y el arrepentimiento ya habían sido los compromisos de Otegi hace dos años, lo que no ha impedido la elaboración de las candidaturas con 34 etarras. ¿O pensaban que esa era una bonita forma de brindar por la convivencia? Regresando al juego de derechos: los autoexcluidos pueden asegurar que su apuesta es por vías exclusivamente políticas y democráticas, pero tenemos derecho a afirmar que esa es la consecuencia de su derrota, el resultado del final del camino por el que el Estado de derecho, la sociedad, las fuerzas de seguridad del Estado y los partidos políticos vencieron a ETA. Si hubiera sido al revés y los asesinatos les hubiera permitido avanzar en la consecución de sus metas seguramente continuarían pegando tiros en la nuca. Pero, no se olvide, porque se olvida cuando se habla de ETA como si siguiera viva, la banda terrorista no logró uno solo de sus objetivos.
SER A LA VEZ SISTEMA Y ANTISISTEMA
Bildu es el rompeolas electoral de todas las tendencias abertzales. La conexión profunda con el mundo de ETA es Sortu –dueño de un poder determinante en la coalición–, heredero de Batasuna y Euskal Herritarrok, partidos ilegalizados por el TS por ser creados y dirigidos por ETA y por no condenar el terrorismo. Pero también forman parte de Bildu partidos como Eusko Alkartasuna; Herritarron Garaia, que es una plataforma ciudadana navarra; Alternatiba, que procede de Exker Batua (izquierda unidaLos verdes en el País vasco); o Aralar, que desde su fundación ha estado contra el terrorismo. Por eso no se sostiene afirmar que Bildu es ETA y mucho menos es posible ilegalizarlo partiendo de esa premisa.
La estrategia de Bildu es desbancar al PNV como partido troncal de la sociedad vasca. Pero el origen acreditado de una parte de sus fundadores los sitúa en la esquizofrenia que implica la pretensión de institucionalidad a la vez que no descuidan el patio trasero de los presos; ser sistema y antisistema a la vez. Difícil y delicado equilibrio que explica la elaboración de las listas de la polémica. Posiblemente sea el profesor Martín Alonso Zarza, autor de El lugar de la memoria. La huella del mal como pedagogía democrática, quien mejor haya explicado la inconsistencia y la incompatibilidad de esas dos almas al negar que la apelación a un relato pactado y a la memoria ignore que las responsabilidades entre
verdugos y víctimas no son equiparables y que no puede olvidarse que aún hoy hay existen quienes evitan la condena del terrorismo, cuestionan o relativizan la verdad de las víctimas y practican la confusión deliberada para disfrazar el mal causado por los terroristas.
Al margen de consideraciones éticas, técnicamente ha sido un error de Bildu la confección de esas candidaturas, tanto en cuanto les aleja de un universo electoral más abierto que no asume ni las tesis relativistas sobre el terrorismo ni el terrorismo en sí mismo. Y vuelve a darle aire a un PNV cada vez más inquieto con la naturalización y el crecimiento
de los abertzales (que recuperan buena parte del voto que en su día fue a Podemos) y que recela de su papel de chicos buenos en Madrid entregados a las causas sociales de la izquierda.
PSOE Y BILDU, ERROR
El PSOE cometió un error al pactar con Bildu. Es cierto que no tenía más votos para elegir. Defender que optó por Bildu despreciando un supuesto apoyo de PP y Cs es manipular la realidad: desde los bancos de la derecha no hubo un solo ofrecimiento de apoyo al PSOE. Se puede leer como se quiera: que Sánchez evitó las terceras elecciones o que su ansia de poder es capaz de hacer
a los demás comulgar con ruedas de molino porque no tiene escrúpulos para pactar con cualquiera. La consecuencia es la misma: el pacto con Bildu no ha sido entendido ni aceptado por la mayoría de la sociedad española.
TRES PREMISAS Y UN FUNERAL: RECOGIENDO TEMPESTADES
El PSOE tiene por delante un horizonte complicado. Para gobernar de nuevo en España necesita tres premisas: ser el más votado, que Sumar y Podemos vayan juntos y obtener en el Congreso los votos o la abstención de ERC y de Bildu. Sumar y Podemos posiblemente vayan en la misma lista aunque sea un paripé y un matrimonio de conveniencia. ERC tiene pocos estímulos para volver a apoyar a Sánchez: ya han conseguido parte de sus objetivos con los presos, la idea de “ayudar en España” los debilita en Cataluña ante Junts y además su proyecto de referéndum no lo aprobará ningún gobierno. Respecto a Bildu, difícilmente el PSOE podrá apoyarse en los abertzales después del episodio de las listas pero además se verá en la tesitura de apoyarlos a ellos en distintas plazas como Vitoria, Pamplona o la Diputación de Gipúzcoa y municipios de todo pelaje. Se abre la temporada de recolección de tempestades.
Y, AL FIN, ETA ESTÁ VIVA
Y por último, la hipérbole de guardia. La utilización del discurso de trazo gordo del PP contra el PSOE. Aznar acusó a Zapatero de “suplicar” a ETA, aunque él negoció durante meses con la banda terrorista en Zúrich. Rajoy le dijo a Zapatero que traicionaba a los muertos y Feijóo le ha dicho a Sánchez que es “más generoso con las víctimas que los verdugos”. El PP debe tener en la calle Génova un cajón lleno de tarjetas subrayadas en rojo que se van pasando de presidente en presidente para usar en las grandes ocasiones.
Son afirmaciones imposibles en un entorno institucional y relacionadas con los dos partidos que han puesto a la mayoría de políticos asesinados. La raya que se vuelve a cruzar una y otra vez por el PP, con Vox resoplándole en el cuello. Un desdoro y un daño absurdo a la verdad y al rigor. Esto, añadido al intento del PP de patrimonializar –contra el celo y el mérito de Covite, la asociación de víctimas denunciante de los 44 candidatos malditos de la lista– la marcha atrás de Bildu. Para mejorar el debate público Ayuso ha cogido su muletilla electoral pidiendo la ilegalización de Bildu, una estrategia al margen de razonamientos jurídicos y contra la opinión del líder de su partido, al que de paso le quita el foco puesto en los pactos de Sánchez con los abertzales. O ese Pedro Rollán, vicesecretario y senador del PP, proclamando que la Ley de Vivienda aprobada por Bildu está construida “sobre las cenizas de Hipercor, con 21 muertos; sobre los escombros de la Plaza de República Dominicana, donde fueron asesinados doce guardias civiles; sobre la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, donde se arrebató la vida a once personas”. Producen nauseas esos políticos más afectados que nadie, moralmente autoempoderados y que pese a sus trapacerías dialécticas no merecen el reproche ni de su propio partido, que limita a callar. Hace doce años que no existe ETA. Pero cualquiera lo diría.