La delgada línea entre la política y el crimen
● Sucesos como el ocurrido en Pulianas y el secuestro de Maracena traspasan fronteras y se sitúan en las páginas negras
La política está llena de tensiones y muchas veces se deja a un lado el juego de sillas para ir más allá. Los sucesos ocurridos en Pulianas y Maracena, que están salpicados de tintes políticos, muestran un clima de crispación.
El caso más reciente es de Pulianas, donde la campaña electoral se ha visto salpicada por varias polémicas y un suceso: el miércoles, el marido de una excandidata del PP a la Alcaldía atropellaba y agredía a la pareja de la número cinco en la lista por el PSOE.
El PP rápidamente se desvinculó de las acciones del agresor y de su mujer, quien fue número seis en la lista, puesto que la dirección provincial del Partido Popular la expulsó hace tres semanas al ser ambos investigados por un delito contra la salud pública, ya que se vieron en una causa por posesión de marihuana.
El detenido se entregó a las pocas horas del atropello y ayer entró en prisión acusado de tentativa de homicidio. Mientras, la víctima sufre contusiones leves.
Por el momento se desconocen los motivos de la agresión, pero el pasado y presente político de los protagonistas se hizo notar rápidamente. La pareja de la víctima concurre como número cinco en las listas del PSOE a la Alcaldía de Pulianas, que lidera José Antonio Carranza. Es la primera vez que se presenta a las elecciones y no formaba parte del anterior equipo de Gobierno.
El propio Carranza, tras conocerse el grave suceso, habló de “ambiente enrarecido” y de “campaña de amenazas” que los socialistas sufren desde hace meses en esta localidad del Área Metropolitana. “La situación ha llegado al límite”, subrayó.
Carranza aseguró que los miembros socialistas en Pulianas han sufrido amenazas y agresiones desde hace varios meses y que él ha vivido una “campaña de desprestigio” con mensajes anónimos contra su persona y su familia.
El primero de los hechos fue una presunta agresión. Javier Hernández, primer teniente de alcalde Pulianas y concejal de Obras y Servicios (PSOE), que denunciaba el 25 de marzo ante la Guardia Civil la supuesta agresión sufrida durante la inauguración del nuevo edificio del Ayuntamiento.
Según la versión ofrecida por Fernández, los hechos tuvieron lugar sobre las 22:30 horas, cuando un vecino se acercó al concejal, que estaba en compañía de su hija y su esposa, para recriminarle sobre unos servicios portátiles que había instalados en la calle con motivo de la inauguración. Poco después, el supuesto agresor le agarró del cuello hasta que testigos y agentes de la Policía Local que estaban de servicio actuaron.
A este hecho se le une la denuncia que el candidato del PP a la Alcaldía de Pulianas, Juan Francisco Bailón, hizo a través de su perfil de Facebook el 11 de mayo y en la que daba cuenta de varios desperfectos en vehículos, denuncias y robos que habían sufrido simpatizantes de los populares en el municipio.
“Hoy termina la campaña electoral. Hagamos repaso: tres pinchazos, unas cuantas denuncias, una rotura de cristal y robo en el interior de vehículo. Solo deseamos que a día de hoy, siglo XXI, la democracia y la libertad no sean meras palabras que haya que temer pronunciar. No nos vamos a callar”, publicaba a la vez que acompañaba sus manifestaciones con fotografías de los desperfectos ocasionados y por los que aún no hay investigados.
El propio candidato comentaba en las respuestas de su publicación que “las casualidades no existen” y que el hecho de haber roto los coches de seis simpatizantes del PP “no será tampoco algo casual”.
A lo relatado se le une una denuncia ante la Fiscalía contra el ac
El miércoles el esposo de una política del PP atropello a la pareja de la candidata del PSOE
tual alcalde y cabeza de lista socialista por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación. La demanda también se interpuso contra el alcalde de la localidad de Villamena, Manuel Luis Vílchez.
Bailón interpuso la denuncia y pidió la apertura de diligencias para que se investigue la relación contractual entre la empresa del regidor de Villamena, dedicada a instalaciones eléctricas, y el Ayuntamiento de Pulianas en los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022, así como su contratación como autónomo en los años 2019 y 2020.
En virtud de las citadas contrataciones, según apunta Bailón, habría facturado más de 170.000 euros “con contratos supuestamente fraccionados” para la reparación de averías y suministro de material eléctrico, pese a que el Ayuntamiento de Pulianas “cuenta con dos operarios para estas labores”.
José Antonio Carranza se defendía de las acusaciones denominando como “deplorable guerra sucia repleta de mentiras y difamaciones contra los candidatos socialistas”, y añadía que “la denuncia tiene acusaciones fuera de lugar y será la justicia quien las aclare. En todo momento he cumplido con los cauces establecidos en materia de contratación y con total transparencia en el caso de la empresa de instalación eléctrica del municipio”.
El último capítulo de este House Of Cards de Pulianas se vivió el pasado miércoles con el atropello. Será la Justicia la que determine las responsabilidades, políticas o no, del suceso.
¿UN SECUESTRO POLÍTICO?
Sin guardar relación con los hechos de Pulianas, en febrero el secuestro de Vanessa Romero, concejal del PSOE en la vecina localidad de Maracena, llevaba a la localidad a la primera plana política y de sucesos. Unos hechos por el que está en prisión provisional la expareja de la actual alcaldesa y candidata socialista a la reelección, Berta Linares.
Precisamente el jueves se levantó el secreto de sumario del caso. El juez de instrucción mantiene como investigado al exnovio de la alcaldesa, pero también apunta a la posible implicación de otros tres cargos políticos como posibles inductores del acto. Lo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia (TSJA) para que deduzca testimonio por la posible implicación del dirigente del PSOE andaluz y antiguo alcalde de Maracena Noel López, así co mo la actual regidora, Berta Linares, y el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva.
Los detalles del sumario de la investigación, que apuntan a varias reuniones entre los cuatro para “darle un susto” a Romero, tratando de quitarle el móvil para destruirlo y así borrar posibles documentos comprometidos, se suman al propio hecho en sí de secuestrar a una política. Una situación que es un ejemplo más de que es demasiado fácil pasar la delgada línea entre la política y el crimen.